El Departamento de Salud de Torrevieja, gestionado por la concesionaria Ribera Salud, ha rechazado abonar al Ayuntamiento de Rojales el coste de los salarios por mantener a una empleada municipal durante casi nueve años como personal de refuerzo en uno de los centros de salud del municipio, administrado igualmente por la citada empresa, y que ascendieron a 176.275,78 euros.

El Ayuntamiento, presidido por el socialista Antonio Pérez, reclamó la citada cantidad forzado por la oposición del PP y del Pader, que consideró que la administración local ha estado «regalando» el trabajo de una empleada municipal a Ribera Salud, que se adjudicó la contrata de gestión del departamento sanitario de Torrevieja, que comprende asimismo el municipio de Rojales y otros cercanos. Pues bien, los dos grupos políticos solicitaron a la Secretaría del Ayuntamiento que emitiera un dictamen sobre éste asunto y el informe elaborado decía que la citada trabajadora «no prestaba sus servicios dentro del ámbito de organización y dirección del Ayuntamiento de Rojales, como empleador, por lo que procedía suprimir ese puesto de la relación de puestos de trabajo y reubicar a la empleada en las funciones propias de su contrato de trabajo u otros de su misma categoría profesional».

Tras esto la corporación acordó en sesión plenaria reclamar el coste de los salarios pagados a la funcionaria que habría estado trabajando para la citada empresa durante los últimos nueve años. El equipo de gobierno aprobó asimismo cambiar a la empleada de puesto para que dejara de trabajar en el Centro de salud.

Gestión pública

Cabe citar que esa empleada desempeñaba su labor primero en el consultorio médico y posteriormente en el centro de salud desde el año 1980, pero la oposición esgrimió que la diferencia radicaba en que hasta el año 2006 ese servicio era de gestión pública, pasando desde ese entonces a estar gestionado por el Departamento de Torrevieja. Esos acuerdos se adoptaron con votos favorables del PSOE y del Pader y con la abstención del PP.

Tras esto, el equipo de gobierno acató la resolución adoptada y envió la petición de reclamación monetaria a Ribera Salud, que contestó poco después mediante un comunicado anunciando «su negativa al abono de esa cantidad».

«Los motivos que fundamentan nuestra posición son, por una parte, la ausencia absoluta de título jurídico a favor del Ayuntamiento de Rojales para exigir la cantidad indicada y, por otra, la falta de motivación» de la moción aprobada en pleno «reclamando esa cantidad», apunta el escrito remitido al consistorio.

El portavoz del Pader, Desiderio Aráez, explicó que, según el informe de Intervención, de esos más de 176.000 euros «que se le han hurtado a los ciudadanos de Rojales, 86.000 euros fue durante el periodo de gestión del PP y los otros 90.000 euros durante el anterior mandato del PSOE».

Por su parte el concejal de Hacienda, Nahúm Méndez Chazarra, dijo que «si la Ley marca que hay que reubicar a esa trabajadora el equipo de gobierno lo cumpliría», aunque expresó sus dudas sobre qué pasaba acerca de otras situaciones similares existentes como el centro de rehabilitación, en el que el Ayuntamiento paga el alquiler, la limpieza o la luz, u otro puesto de trabajo que se mantiene en el Centro de salud de Heredades. «¿Qué hacemos con esos servicios? ¿También los quitamos?», se preguntó el edil.

Méndez Chazarra dijo que se pondría en contacto con la Conselleria de Sanidad para abordar estos asuntos con la finalidad de aclararlos.