Un juzgado de Torrevieja ha archivado la denuncia por supuesto delito electoral contra miembros del Partido Popular durante la campaña electoral a las elecciones municipales de 2015 en un geriátrico. La denuncia iniciada por el edil de APTCe, Domingo Soler, decía que ediles, exediles y asesores habían intentado orientar el voto por correo de residentes «que no sabían qué estaban haciendo allí».
La resolución es clara. Tanto la juez del juzgado de Instrucción 3 de Torrevieja, como la Fiscalía determinan que de los hechos investigados no se puede derivar la comisión de un delito electoral. El fiscal habla de «falta de base objetiva» de la denuncia.
El delito electoral, explica en el auto la juez Yolanda Quesada, requiere que se produzca un intento «de torcer el voto del elector hacia la opción o partido político que deseara el autor a través de expectativas creadas o incluso con la presión para la obtención del voto». Algo que no se prueba en este caso. El juzgado archiva la investigación, atendiendo además, al criterio del Ministerio Fiscal que abunda en el hecho de que los denunciantes han realizado una descripción de los hechos muy genérica, de la que se puede deducir la comisión del delito.
El fiscal indica además que los denunciados, -acudieron al juzgado en julio varios concejales y exconcejales-, resaltaron en sus declaraciones que la notaria acudió al geriátrico a petición de los residentes interesados en tramitar su voto al PP y supervisó que todo que todo estaba correcto y no se efectuaba ninguna irregularidad. El Ministerio Público especifica que el concejal Domingo Soler (APTCe) debería haber identificado a las residentes que dice en su denuncia «que no sabían para qué estaban allí», algo que no aparece documentado en la denuncia.
El fiscal José Pérez Fernández intenta explicar en su resolución que la imputación de un delito electoral es «muy grave, pues afecta al sistema de sufragios y a la base del Estado democrático». Por eso, aclara, «tal gravedad impide que una denuncia con hechos tan genéricos y sin ninguna base objetiva fácilmente obtenible por los denunciantes que se personaron en el lugar pueda tener mayor recorrido, pues ante la falta de tales indicios objetivos» se debe decretar el sobreseimiento.
La denuncia tuvo recorrido mediático en campaña electoral en medios escritos y se acercaron al acceso de la residencia privada algunas televisiones, que entrevistaron al edil Soler. Los denunciantes incluso pidieron a la junta electoral, sin éxito, la suspensión del recuento en la mesa a la que llegaron los 15 sufragios de la residencia.
