El portavoz de gobierno, Rafael Almagro (PP), aseguró el pasado 22 de noviembre, en su comparecencia semanal tras la junta de gobierno, que el juez había desestimado la demanda interpuesta por los vecinos de Bellavista tras derribar Urbanismo el muro que cerraba al público el paseo marítimo en esta urbanización de Cabo Roig, pese a que el fallo judicial apunta todo lo contrario, como se conoció días después. Un hecho que podría atribuirse a una confusión a la hora de dar cuenta de los acuerdos de la junta de gobierno si no fuera porque en la propia junta, según apuntó la portavoz del PSOE de Orihuela, Carolina Gracia, también informó al resto de portavoces de la oposición de la desestimación de la demanda, pese a que en el acta de la sesión se recoge que el fallo judicial es contrario al Ayuntamiento y da la razón a los vecinos al entender que ese tramo del paseo se trata, en efecto, de una propiedad privada.

El exconcejal de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE), y quien dio la orden de derribar el muro en 2014, acusó de que «se trata de una mentira muy grave, y más si luego ha reconocido que sabía del resultado de la sentencia ya el 5 de octubre, cuando se reunió con la Dirección General de Costas». Unas declaraciones que efectuó la semana pasada tras conocerse el resultado final de la sentencia, como publicó este diario.

El motivo de haber ocultado el verdadero fallo judicial, según Zapata, pasa por «ganar tiempo y ocultar la dejadez a la hora de recurrir la sentencia», que obligará ahora a expropiar el terreno o llegar a algún tipo de acuerdo con los vecinos para poder seguir disfrutando del paseo marítimo en este punto de Cabo Roig, sin tener que volver a obligar a los usuarios a realizar un largo rodeo, como hacían antes de derribarse el muro, lo que desató las quejas durante años.

«La sentencia viene a decir que ese terreno -donde discurre el actual paseo marítimo y al que se dio acceso tras derribar el muro- es privado, y que el paseo debería discurrir por el acantilado, lo que obligaría a construir una nuevo, con un coste que podría alcanzar millones de euros al situarse sobre el acantilado», en algunos puntos incluso en el aire, con una complejidad arquitectónica y un coste económico importante.

Zapata no entiende «cómo no se ha recurrido esta sentencia» e insiste en que «no haber recurrido es lo que le ha llevado a mentir, una mentira muy grave teniendo en cuenta que no solo ha mentido en la sala de prensa, sino también en un organismo como la junta de gobierno».

Este diario ya publicó el pasado 23 de noviembre, en palabras de Almagro, que el juez había desestimado la sentencia, extremo que repitió en su comparecencia hasta en dos ocasiones, pese a que días más tarde se ha demostrado que el fallo judicial recoge todo lo contrario.