La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un duro informe con las conclusiones de la investigación llevada a cabo en Redován en relación a un presunto fraccionamiento de contrato ocurrido entre 2008 y 2011 bajo mandato socialista. El fiscal acusa a la exalcaldesa, Leticia Bas, y a los exconcejales Encarna Herida y José Manuel Cartagenera, de haber troceado un contrato relativo a trabajos de mantenimiento eléctrico de la red pública mediante «actuaciones torticeras» para eludir el proceso de contratación y beneficiar a un empresario, Carlos Peñalver, quien era miembro de la lista electoral del PSOE.
El Ministerio Público cree que todos ellos son responsables de presuntos delitos de fraude en la contratación y prevaricación administrativa al haber abonado hasta 188.747 euros por los supuestos encargos en materia de trabajos eléctricos. Estima que los tres políticos «abusaron de sus funciones públicas para defraudar al Ayuntamiento que representaban». Todo ello eludiendo los constantes reparos de la Intervención y con la pretensión de favorecer a Peñalver, quien es el cónyuge de la actual portavoz socialista en Redován, Silvia Fonseca.
El fiscal Pablo José Romero ha enviado el citado informe al Juzgado de Instrucción Número 1 de Orihuela, que instruye la causa por estos hechos, y ha pedido al magistrado que se inicie la fase de procedimiento abreviado, previa al posible juicio que podría sentar en el banquillo de los acusados a los cuatro investigados (antes llamados imputados).
Connivencia
Para la Fiscalía Anticorrupción no hay dudas de lo que ocurrió en Redován durante esos cuatro años. Romero mantiene que los políticos «en connivencia» con el empresario, al frente de Electrosolar Peñalver SL, «procedieron a fraccionar el objeto del servicio en cuestión dividiendo el precio de esa prestación en diversas facturas... considerando cada una de las mismas con cantidades inferiores a lo establecido en la legislación de contratación, de 18.000 euros más IVA, lo que permitiría su adjudicación directa como contrato menor de servicios». Así, el fiscal sostiene que lo que realmente se hizo fue eludir el proceso que obligaba a la contratación de este servicio mediante una licitación pública.
Al representante del Ministerio Público no le cabe duda de la conexión que había entre todos ellos puesto que los tres políticos mantenían «una estrecha relación (con el empresario) al formar parte de la misma candidatura para las elecciones de mayo de 2007».
«Los denunciados contravenían de forma consciente y radical los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia... cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa, con lo que además de actuar de forma arbitraria en la adjudicación de los servicios, ocasionaba el consiguiente perjuicio al erario público, puesto que ante la falta de tramitación del expediente de contratación, no se emitía informe alguno relativo a la valoración de los servicios a contratar, dejando este a discrecionalidad de los denunciados, siendo finalmente satisfechos tras ser aprobado su pago por la junta de gobierno local», a propuesta de los tres imputados.
La investigación ha determinado que Peñalver recibió en 2008 un total de 31.875 euros; otros 62.259 en el 2009; 70.543 euros en 2010 y 21.069 euros durante los cinco primeros meses de 2011, que fue cuando se produjo el cambio de gobierno. Fue el nuevo alcalde, Emilio Fernández (PP), quien apreció el fraude y lo puso en conocimiento de la Fiscalía.
El fiscal ha determinado que eran Leticia Bas, Encarna Heredia y José Manuel Cartagena los que «reclamaban la prestación de los servicios investigados sin que existiera marco contractual adecuadamente concertado que diera cobertura legal a esta relación».
Reparos
El Ministerio Público recuerda que los servicios eran relativos al mantenimiento y reparación e instalación del alumbrado público de la red de alumbrado y para la organización de fiestas y eventos. Las facturas fueron «objeto de reparo por cuanto que no existía contrato para la prestación del servicio, siendo precisa la existencia del mismo, cuya adjudicación exigiría licitación pública... puesto que el importe acumulado de los servicios excede los límites establecidos en las normas de contratación pública». Sin embargo, prosigue el informe, estos «nunca instaron a los servicios de contratación del Consistorio, tal y como era su obligación, que se iniciara el correspondiente expediente de contratación a fin de adjudicar el servicio conforme a derecho».
Pero esos reparos de los técnicos nunca frenaron la forma de actuar de los imputados, según el fiscal. En su informe asegura que «los reparos (de Intervención) deberían de haber supuesto la suspensión del expediente, incluido el pago, si bien este se llevaba a efecto a fin de evitar ulteriores reclamaciones patrimoniales ante un posible enriquecimiento injusto del consistorio, dada la mendaz adjudicación que realizaban los denunciados».
