El juzgado de lo Contencioso Numero 1 de Elche quiere investigar si el equipo de gobierno de Orihuela vulneró derechos fundamentales de la oposición al convocar el pleno de presupuestos del pasado diciembre sin respetar los plazos. El grupo socialista presentó un recurso por ese hecho y la magistrada M. Carmen Casado ha desestimado ahora la solicitud que hizo el Ayuntamiento de Orihuela para intentar paralizar el proceso. La concejala Carolina Gracia (PSOE) mostró ayer un auto judicial recibido esta misma semana que expone que «procede la continuación del presente procedimiento por el trámite previsto para la protección de Derechos fundamentales».

Aunque el recurso de los socialistas se dirigió contra el propio Ayuntamiento, lo cierto es que fue Emilio Bascuñana (PP), como alcalde de la ciudad, el que realizó la convocatoria para celebrar la sesión plenaria. Un pleno que, según la oposición, se les notificó menos de 24 horas antes. El recurso se interpuso el pasado 12 de enero alegando que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los concejales al no respetar el plazo mínimo de 48 horas para convocar la sesión extraordinaria de aprobación del presupuesto.

Según detalló ayer la edil socialista, el Consistorio alegó que «si los ediles asistieron a dicho pleno, en conocimiento de los asuntos a tratar, no nos encontraríamos en el supuesto de vulneración de derechos fundamentales, más allá de la simple vulneración de la legalidad ordinaria». No obstante esa alegación ha sido desestimada por la jueza.

En opinión de Carolina Gracia, el recurso presentado «está más que fundamentado y así debe de ser cuando el juzgado ha decidido que se continúe con el procedimiento previsto». La edil apuntó ayer que «la intención no es entorpecer sino salvaguardar el derecho que el artículo 23 de la Constitución da a los representes políticos para participar en los procedimientos públicos».

La portavoz del PSOE lamentó que hayan tenido que recurrir a los juzgados «por la cabezonería y chulería de Emilio Bascuñana porque la aprobación de este presupuesto debió iniciarse en octubre de 2015, no en 2016». «El único objetivo para aprobar este presupuesto era un descuadre de más de 8 millones de euros, tapar sus vergüenzas y su falta de gestión. Este presupuesto no ha servido para nada, el Ayuntamiento está totalmente inoperativo».

Gracia prosiguió diciendo que desde la oposición «vamos a seguir exigiendo que se cumpla la ley» y consideró que «alguien tiene que pararle los pies (al regidor), no vamos a aguantar que puedan seguir haciendo lo que les de la gana, con quién les de la gana y dando a quién ellos consideren lo que necesitan para seguir teniendo la mayoría en los plenos».

Además la portavoz recordó que su grupo presentó una demanda el 22 de febrero de 2017 en la que se incluyó una copia del reglamento orgánico y se adjuntaron las propuestas de Alcaldía aprobadas en el pleno ordinario de enero y que modificaban el calendario de aprobación del presupuesto, acortándolo. Algo que, según Gracia, pone de manifiesto que «el único objetivo del Partido Popular es coartar los mecanismos que tiene la oposición para poder participar de lo que es la aprobación de los presupuesto».