Amigos de Sierra Escalona (ASE) ha presentado una denuncia por el vertido de escombros y restos de electrodomésticos en el río Seco que han cubierto el talud de la margen izquierda, llegando hasta el eje de la rambla. El vertido se ha producido en la finca denominada "Cueva Serrana", en Pilar de la Horadada.
Sobre esta finca existe un expediente sancionador de 2002 por la roturación de 15 hectáreas de terreno forestal, movimiento de tierras para el vallado de la finca y construcción de rampas hormigonadas de acceso al lecho del río que cubrieron diversos lugares de nidificación de aves. Este expediente se sustanció en sentencia judicial que obligaba a restituir el terreno a su estado inicial, sentencia que, hasta el día de hoy, no se ha ejecutado.
La denuncia por la continuidad de la actividad no es la última. A mediados del pasado año el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada actuó para intentar paralizar el vertedero, con escaso éxito. Al contrario de lo que ocurre con muchos vertederos incontrolados, en este caso se trata de un vertido totalmente organizado aunque ilegal, que además afecta a dominio público y que, según las mismas fuentes, tendría un uso lucrativo, con pago de canon por vertido, para quien ha decidido ocupar el suelo, dado que hay un control de salida y entrada de vehículos.
El tramo afectado de la rambla se encuentra en la ZEPA "Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor" por lo que, a juicio de ASE, además de vulnerar la Ley de Aguas, también vulnera el real decreto por el que se establecen medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha querido matizar la denuncia de Amigos de Sierra Escalona. El concejal de Medio Ambiente, Antonio Escudero, ha explicado a INFORMACIÓN.ES que el municipio trasladó estos hechos a la guardería fluvial de la Confederación Hidrográfica del Segura semanas antes de que el colectivo conservacionista haya denunciado la situación. Escudero concretó que el 28 de febrero recibió la primera información sobre el problema y se comprobó sobre el terreno.El 15 de marzo
el funcionario de la Confederación acudió a la zona y dos días después, el 17 de marzo, la entidad de cuenca abrió expediente. Sobre la paralización de la actividad el pasado año, la misma fuente matizó que el expediente de infracción y paralización se remitió a la Conselleria de Medio Ambiente para que actuara. El edil aseguró que el Ayuntamiento no informa públicamente de todas las actuaciones que realiza en este ámbito, lo que no significa que no actúe cuando sea necesario, como es el caso.
Indignación
ASE manifiesta en una nota de prensa su "indignación por las continuas agresiones que está sufriendo Sierra Escalona y por la pasividad que muestran las administraciones competentes que ni intervienen con suficiente diligencia para paralizarlas a tiempo, ni mucho menos, para restituir los terrenos afectados a su estado inicial".
Para el colectivo conservacionista "estos hechos son de extrema gravedad ya que se están produciendo en un espacio que actualmente se encuentra en trámite para ser declarado Paisaje Protegido de la Comunidad Valenciana y que aspira, en un futuro no muy lejano, a ser declarado Parque Natural". Figuras de protección, que además de permitir los usos tradicionales desde una perspectiva sostenible, agrícolas y cinegéticos esencialmente, concretan, abren un amplio abanico de posibilidades compatibles con la conservación, como el turismo rural y ornitológico o rutas guiadas, que contribuirían a diseñar una oferta turística singular en los municipios de Pilar de la Horadada, Orihuela y San Miguel de Salinas, complementaria, recuerda la misma fuente, a la de "sol y playa".
ASE recuerda que del mismo modo que "estamos obligados a solicitar la correspondiente licencia de obras si queremos realizar una reforma en nuestra vivienda, aunque la titularidad de este espacio esté en manos privadas (a excepción del Dominio Público Hidráulico y la red de vías pecuarias)", los propietarios están obligados a solicitar autorización para las modificaciones que tengan proyectadas realizar en sus fincas, acabando de "una vez por todas con cualquier tipo de intervención arbitraria y las distintas administraciones son las primeras que deben velar por ello".
