El Consell dejó ayer clara en la jornada informativa de Torrevieja su postura de «tolerancia cero ante las nuevas ocupaciones de viviendas públicas recientes, posteriores al 1 de julio de 2015 porque, entre otras razones, impiden llevar a cabo la política rehabilitación de las viviendas que ha puesto en marcha el actual Consell», además, «vulneran los derechos del resto de demandantes que respetan la legalidad y ponen en riesgo la seguridad del edificio, ya que suelen ir acompañadas de enganches ilegales del suministro eléctrico» y lo establecido en la ley». Y para ello, considera «imprescindible la colaboración y participación directa de los ayuntamientos, puesto que son los que conocen las realidades concretas «de los vecinos de sus pueblos y ciudades».
En Torrevieja hay ocho vivienda ocupadas antes de julio de 2015 que podrían acogerse a esta resolución si cumplen los requisitos. Cuatro de ellas se encuentra en el bloque de edificios junto al Colegio Cuba y otras tantas en la promoción de viviendas sociales, junto a la plaza de las Islas Canarias.
No en el alquiler joven
Pero hay otras tantas que no podrán optar a la medida. Ni por el plazo temporal en el que se ocuparon, ni por el tipo de viviendas. Es el caso de las casas en alquiler joven que fueron ocupadas hace unos meses por varias familias en el residencial de propiedad pública situado en la calle Emilia Pardo Bazán, en Torrevieja. En estas viviendas hay varias familias asentadas que accedieron al alquiler joven cumpliendo todos los requisitos desde 2008, que ahora conviven con vecinos que entraron a los pisos vacías, ocupándolos, y sobre las que recaen procedimientos de desahucio. El Consell recuerda que esos procedimientos seguirán adelante.
