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Benferri

El alcalde declarará por supuesto acoso laboral tras una querella del secretario

El juzgado llama en calidad de querellados a Luis Vicente Mateo y a dos funcionarios

El alcalde de Benferri, el socialista Luis Vicente Mateo.

El alcalde de Benferri, el socialista Luis Vicente Mateo. tony sevilla

El juzgado de instrucción Número 1 de Orihuela a citado a declarar en calidad de querellado al alcalde de Benferri, el socialista Luis Vicente Mateo. El regidor fue denunciado por el secretario municipal, que le acusa de haber ejercido contra él acoso laboral, de haber cometido supuestos delitos contra la administración pública y de usurpación de funciones. La situación ha motivado, según el denunciante, su baja laboral. El regidor niega todas las acusaciones.

El funcionario, que ha dirigido también su querella contra otros dos trabajadores municipales -que acudirán igualmente a declarar-, considera que ha estado sometido a un trato denigrante y vejatorio, que se le ha impedido el ejercicio de las funciones obligatorias por ley así como sus derechos laborales, que se han vertido contra él falsas acusaciones de incumplir órdenes, de ineficacia, obstrucción y no ajustar informes a Derecho. También que se le ha sometido a un control exhaustivo, asfixiante e individualizado del rendimiento y falsas acusaciones de ausencias injustificadas y que se le ha desprestigiado públicamente, entre otras cuestiones.

El funcionario ha acompañado su querella de numerosas grabaciones en las que asegura que se dirigen a él con un tono «violento e irrespetuoso, dando golpes sobre su mesa o portazos al salir de su despacho».

Según expone el funcionario en la querella, el detonante del supuesto acoso laboral se produjo en 2011, cuando éste descubrió a través de la empleada que se encarga de la contabilidad municipal que el regidor había dispuesto de más de 52.000 euros para diversos gastos. En concreto, 30.607,50 euros en concepto de «gastos de representación pagados por Luis Vicente Mateo entre 2008 y 2011, y otros 22.000 por «arbitrajes, mantenimiento profesional del fisio, mantenimiento de instalaciones deportivas, asistencia técnica y desplazamiento» de los años 2009 al 2011.

Persecución

«Desde el momento en que se produjo el descubrimiento descrito por parte del querellante, los querellados (el alcalde y dos trabajadores municipales) vienen desplegando violencia psicológica a través de una conducta de persecución y hostigamiento, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima con el resto de trabajadores del Ayuntamiento, dañar su reputación y perturbar el ejercicio de sus labores», se expone en la querella.

El fedatario explica que su primera queja escrita por sentirse acosado data de agosto de 2012, «tras la que denuncié en numerosísimas ocasiones posteriormente». «A pesar de imponerle la obligación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de actuar en esos casos, el alcalde nunca hizo nada».

El querellante dice además que en septiembre de 2013 se incorporó al acoso otro administrativo del Ayuntamiento, que es familiar del regidor, y quien le sustituyó durante las vacaciones. Fue en ese periodo cuando, siempre según su versión, «se otorgaron sendas licencias urbanísticas a la Comunidad de Regantes Las Cuevas para la construcción de nave y para instalación de línea eléctrica y maquinaria de riego, contra las que yo informé, pues detecté graves irregularidades en su concesión». Asegura que con su reincorporación al trabajo, una vez advertida la existencia de múltiples irregularidades muy graves en los dos referidos expedientes, emitió sendos informes desfavorables, «lo que le acarreó un incremento sustancial en los actos de acoso».

Desde entonces asegura que - ha habido muchísimos intentos de incoarle expedientes disciplinarios ante el Ministerio, la Generalitat y la Subdelegación del Gobierno «quienes ni siquiera llegaron a investigar las denuncias». Desde entonces mantiene que se le ha venido vapuleando en los plenos, prohibiéndole intervenciones o asignando a otros empleados funciones que corresponden en exclusiva al secretario-interventor, obligándolo además a transmitir sus órdenes al resto del personal por escrito a través del alcalde.

Por toda esta situación el secretario solicita una indemnización de más de 84.000 euros.

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