El equipo de gobierno de Orihuela volvió a llevar a pleno, ayer, un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar casi 300 facturas que estaban guardadas en los «cajones» y cuya suma asciende a 2,1 millones de euros. Las facturas sin pagar son por trabajos realizados desde 2010 a 2016 y corresponden, por tanto, a encargos tanto de la legislatura anterior, con gobierno de Los Verdes y PSOE, como del actual, PP y Ciudadanos -aunque este último partido entró a formar parte del gobierno en 2017-.

Si en la otra ocasión la mayoría de las facturas el gobierno municipal las achacó a encargos de la anterior legislatura, ayer se llevó a pleno un lote de facturas que en su mayoría corresponden a los actuales gobernantes. La portavoz del PSOE, Carolina Gracia, señaló que sólo 26 facturas eran de la etapa anterior, y que un total de 263 corresponden a la actual «todas ellas con reparos de Intervención» y criticó que el equipo de gobierno «mezcle unas facturas con otras y las lleve todas en un lote para que se apruebe en el pleno el levantamiento de los reparos, cuando eso es una responsabilidad del alcalde, Emilio Bascuñana». «Mezclan su mala gestión con gestiones anteriores» reprochó Gracia a la edil de Hacienda, Sabina Galindo, encargada de llevar a pleno la modificación de crédito y el reconocimiento extrajudicial de crédito. El PSOE, junto a Cambiemos, votaron en contra de este reconocimiento que sólo recibió el apoyo de los dos grupos de gobierno, PP y Cs, al abstenerse la edil de Foro Demócrata, Pepa Ferrando.

Galindo señaló que con esa operación «estamos regularizando la situación económica del Ayuntamiento y queremos acabar con la mala gestión de la anterior legislatura».

En el mismo sentido se expresó el portavoz del equipo de gobierno, Rafael Almagro, quien alertó que el impago de esas facturas que estaban guardadas en los cajones hasta ahora por falta de consignación presupuestaria, estaba perjudicando al cumplimiento del período medio de pago «que tiene connotaciones negativas para el Ayuntamiento». Almagro aseguró que todas esas facturas cuentan con el visto bueno de los técnicos «que confirma que esos trabajos se realizaron» y explicó que el pago de las facturas pendientes de pago desde 2010 se financiará con remanentes del presupuesto que ha sobrado de otras partidas. «Con esto los proveedores verán cumplidas sus expectativas de cobrar y nosotros veremos reducir la deuda comercial al tiempo que vamos acompañando la amortización de la deuda financiera» que calcula disminuir de los 60 millones de euros que había en 2015, a poco más de 20 al final de la presente legislatura, en 2019.

El edil de Cambiemos, Javier Gracia, criticó que se llevara a pleno el reconocimiento extrajudicial de crédito y señaló que «si el alcalde no se fía de levantar esos reparos, nosotros tampoco».