La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís, Mireia Mollà, presentó ayer una proposición no de ley en Les Corts para instar al Gobierno a defender los intereses de los regantes con la aplicación de un plan urgente que solucione el problema del agua, con alternativas para hacer frente a la sequía y con la derogación de «la injusta tasa del agua para el trasvase Tajo-Segura, con la que los regantes se ven obligados a pagar por un agua que nunca van a recibir», dijo la diputada, que explicó que el Gobierno aprobó en junio pasado un nuevo sistema de cálculo de las tarifas para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura. Con esta modificación el Ministerio de Agricultura ha aplicado un canon al agua de los regantes del trasvase que «deben abonar independientemente de si existen transferencias hídricas o no. Se trata de una maniobra claramente recaudatoria que castiga las economías de los agricultores en plena sequía».
En noviembre, la Comisión de Agricultura aprobó un proyecto de ley que contempla exenciones a los regantes en los pagos por el canon de regadío, moratoria en el abono de las cuotas a la Seguridad Social y, entre otras, la condonación este año del «tasazo», por valor de 12 millones de euros a pesar de que no circula agua desde de mayo. Según denuncia Mollà «estas exenciones se han quedado en un anuncio, porque la realidad es que a los regantes no se les ha eximido del «tasazo» y han tenido que abonar el recibo tal como lo ha reclamado el Ministerio de Agricultura. La medida, inédita en los 38 años de funcionamiento de esta infraestructura, deja a los agricultores en una situación de indefensión. Es insostenible que la Administración central utilice la asfixiante sequía con fines recaudatorios, estableciendo una tarifa cuando no llegará ni un solo hectómetro de agua». Hay unos 100.000 agricultores afectados de forma directa e indirecta por los problemas de falta de agua.
