El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), ha declarado esta mañana en el juzgado de instrucción 3 de Torrevieja en calidad de investigado (antiguo imputado), acompañado de un abogado de los servicios jurídicos municipales, por un presunto delito de vulneración de derechos cívicos.
La denuncia parte de la concejala del partido popular Agustina Esteve (PP) que llevó el asunto por la vía penal cuando el primer edil no respondió supuestamente a sus peticiones de información reiterada en el pleno sobre los expedientes de infracciones urbanísticas abiertos por el Ayuntamiento en la urbanización Torreta III.
El alcalde, que podía haberse acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la denunciante, ha contestado tanto del juez como del letrado de Esteve y ha dicho que "está tranquilo y que va a colaborar en todo el procedimiento", en declaraciones trasladadas a los medios de comunicación. Según ha podido confirmar Informacion.es, en su declaración ha extendido en explicar el procedimiento que se sigue que vez recibe una solicitud de información por escrito y las que se registran en el pleno y ha dicho que su voluntad, una vez que llegó al gobierno municipal, fue que esas solicitudes fueran atendidas en cada departamento, aunque ha admitido con el tiempo ha podido ir acotando cada una de las peticiones, para que fueran menos generales y los técnicos pudieran responder con mayor agilidad y con menores dificultades.
También ha indicado que dio órdenes oportunas a los funcionarios de Urbanismo para atender las solicitud de información concreta Esteve en el turno de ruegos y preguntas de los plenos, y que existe un informe del jefe de Urbanismo, Santiago Romero, en el que se le reclamaba a la concejal que acotara la petición de información porque era muy amplia y que exigía un trabajo de recopilación muy importante. Este último documento que se ha aportado hoy a la causa.
Lo que solicitaba la edil era una relación de los expedientes de infracción abiertos por el Ayuntamiento de Torrevieja que afectaran a dominio público -ampliaciones de viviendas- en la urbanización Torreta III, un residencial construido a principios de los años 80 sin que el promotor cumpliera algunos de los requisitos mínimos del proyecto de urbanización y que presenta numerosas deficiencias urbanísticas. Hoy un grupo de vecinos de La Torreta III ha estado presente a la llegada del primer edil al juzgado.
El delito que se le señala al alcalde conlleva, en caso de probarse, penas de inhabilitación para ejercer cargo público. El abogado de la concejal de PP, Benito Sánchez, se ha mostrado prudente en sus declaraciones a la salida del juzgado, y ha dicho que al margen de derivar esas solicitudes a funcionarios, la responsabilidad última de atender las peticiones de información, según la legislación, es del alcalde. Ha recordado que la sindicatura de Agravios reprochó a José Manuel Dolón que no hubiera atendido esta misma petición al tramitar una queja de Esteve en ese sentido.
El Ayuntamiento, por error de tramitación y envío, que el primer edil ha atribuido a un "técnico o funcionario" que desconoce, solo envió a la Sindicatura, según la declaración del alcalde la carátula del informe del jefe de Urbanismo sobre la petición de Esteve, en el que se cuestionaba que se solicitara una información tan amplia que exigía un informe complementario y se le indicaba que debía acotar qué solicitaba.
