Paralizan el vallado de una finca por dejar sin escapatorias la carretera de Las Filipinas

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas ha paralizado el vallado en la carretera municipal que une el casco urbano, la urbanización de Las Filipinas y los residenciales de Orihuela Costatras la denuncia de la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel.

Las obras han sido impulsadas por los propietarios del suelo a lo largo de las dos márgenes del kilómetro largo de trazado de este camino y contaban con una licencia menor. El vallado del terreno a ambos lados de la calzada eliminaba el arcén, «reduciendo hasta límites extremadamente peligrosos, el tamaño de la carretera «algo que contrasta con la apertura de un ancho vial al otro lado de la valla para servicio de la finca», según la denuncia que ha obligado al equipo de gobierno a actuar.

La carretera es un camino público vecinal, el único vial de contacto por el interior del municipio y de la comarca con las urbanizaciones de San Miguel y Orihuela-Costa. En utilizado por miles de conductores pese a su estrechez y sinuoso trazado que ya lo hacen bastante peligroso - de hecho se han producido accidentes graves en los últimos años-. Desde 2010 es también uno de los itinerarios más rápidos para llegar a la gran zona comercial de La Zenia desde el interior de la comarca. El vallado solo podía empeorar la situación, porque muchos conductores deben invadir el arcén para poder circular cuando se encuentran con otro de frente.

El concejal de Urbanismo, Sergio Correas explicó que el Ayuntamiento ha actuado por dos motivos. La actuación no respeta lo que se autorizó en la licencia y el Ayuntamiento ha reclamado a la Generalitat que deslinde el terreno. Este camino discurre por la vía pecuaria de la vereda de la Colada de Sierra Escalona, recogida como vía pecuaria, entre otras dos que confluyen en el mismo punto.

La legislación establece anchos de servidumbre de entre 20 y 70 metros para estos caminos protegidos. Y un mínimo de diez cuando no están deslindados. El edil ha explicado que una de las propuestas del municipio es mejorar la capacidad de este vial e incluso dotarlo con un carril bici, y que la legislación contempla el uso de las vías pecuarias para este tipo de actuaciones una vez que han perdido su sentido original y tradicional de tránsito de ganado. Hasta que la Generalitat no se pronuncie el Ayuntamiento no va autorizar de nuevo las obras.

Por su parte, para la Asociación de Vecinos «lo normal sería el aumento de la seguridad de la carretera con la eliminación de curvas y la ampliación del firme de la calzada. Nos sorprende que supuestamente el Ayuntamiento haya autorizado se autoricen unas obras con el objetivo contrario y que, sin lugar a dudas aumentarán la peligrosidad del vial y harán que muchos vecinos desistan por este motivo de acercarse al centro urbano a realizar gestiones y compras en el comercio local entre otras cuestiones», recordaban en su escrito remitido al Ayuntamiento en el mes de diciembre.

El argumento de la empresa para «encorsetar» la carretera con vallas era además realizar una limpieza de arcenes para evitar incendios forestales. El colectivo vecinal recordó ayer que toda esta zona de pinar y monte bajo mediterráneo con algunos bancales de cultivos de secano aparece en el plan de suelos forestales de la Generalitat Valenciana como un corredor ecológico donde no encaja precisamente este vallado.

Expectativas

En este sentido ambiental los vecinos advierten que el propietario no está respetando la legislación ambiental dado que también está llevando cabo distintas actuaciones en suelos protegidos dado su carácter forestal y para las que presumiblemente carece de autorización.La zona rústica sin urbanizar entre Las Filipinas y el casco urbano de San Miguel de Salinas lleva décadas en el punto de mira de los urbanizadores.

Una zona con vistas a las lagunas de Torrevieja y el mar, con muchas posibilidades desde el punto de vista de la promoción inmobiliaria pero que continúan siendo suelo rústico, en las actuales normas subsidiarias y en el PGOU que suspendió el juzgado. De ahí que las roturaciones y actuaciones sin ningún tipo de control se hayan multiplicado para reducir su elevado valor ambiental, según los ecologistas.