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La Guardia Civil investiga a una presunta falsa veterinaria de Orihuela

La mujer llevaba seis años vendiendo perros y gatos por internet con cartillas de vacunación falsificadas

Cartilla sanitaria falsificada.

Cartilla sanitaria falsificada.

M. A. Rives

M. A. Rives

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han investigado en Orihuela a una mujer española de 29 años como presunta autora de un delito de intrusismo profesional y un delito de falsedad documental. Al parecer se dedicaba a vender perros y gatos por internet y adjuntaba cartillas sanitarias de vacunación falsificadas.

La investigación del Seprona se inició al detectar varias irregularidades en cartillas veterinarias de varios perros, que habían sido llevados a clínicas veterinarias de Orihuela y en Santomera (Murcia). Los animales, que tenían su procedencia en la provincia de Alicante, tenían una cartilla veterinaria en las que constaba el pedigrí, además de diversas vacunas y desparasitaciones. Sin embargo esas cartillas no tenían el formato oficial que está regulado por la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, ni los datos de las vacunas y desparasitaciones tenían el sello, firma y nº de colegiado del veterinario que supuestamente debía haberlos suministrado al animal.

Los agentes investigaron la procedencia de todos y cada uno de los animales con estas cartillas falsas, averiguando que los dueños habían comprado los animales por internet.

Tras realizar las pesquisas pertinentes, la investigación condujo a una mujer de 29 años, que podría llevar al menos 6 años vendiendo perros y gatos de diferentes razas. En esta ocasión, fueron dos los cachorros de raza chihuahua los que entregó junto con una cartilla sanitaria que no era oficial, y que a pesar de tener la pegatina de la vacuna, no tenía la firma ni el número del veterinario colegiado correspondiente, con el consiguiente riesgo para la salud de los propietarios y de los animales, al desconocer su procedencia o su correcta administración.

Una vez localizada la vendedora de los animales, los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza han investigado a esta mujer española, de 29 años, como presunta autora de un delito de falsedad documental y otro delito de intrusismo profesional.

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