Antonio Zapata, como alcalde en funciones de Orihuela, vulneró la ley cuando denegó en agosto de 2014 la celebración de un pleno. Los entonces concejales del grupo de CLr-Claro, Juan Ignacio López-Bas y Pedro Mancebo, recurrieron aquella decisión y han tardado casi cuatro años en conseguir una resolución que les da la razón y poco más porque ya no cabe vuelta atrás. La resolución viene a tumbar la del juzgado de lo Contencioso, que denegó la petición. Ahora el TSJ entiende que Zapata sí vulneró los derechos fundamentales de los entonces liberales. López-Bas es ahora el portavoz de Ciudadanos y Mancebo está alejado de la política.
La sentencia de 23 de marzo declara que la decisión de Zapata de no celebrar pleno, «fue ilegal y vulneró el derecho fundamental de los recurrentes a la participación política garantizada por el art. 23 de la Constitución». Zapata se amparó para no convocar sesión en que se había celebrado una, de carácter extraordinario, ese mes. En la misma, recuerda López-Bas, la oposición tumbó su propuesta de aprobación del documento preliminar que debía servir de base al futuro PGOU de Orihuela, del que nada se ha vuelto a saber. Zapata rechazó convocar así un pleno que el TSJ ahora ha estimado como preceptivo dado el carácter mensual de esas sesiones en un municipio como el oriolano, por su número de habitantes. CLr-Claro comenzó el mandato con PSOE y Los Verdes y acabó en la oposición y descompuesto.
