Como la empresa que propone el proyecto, OHL, ha utilizado un cauce poco ortodoxo para presentar su oferta -registrándolo en el Consorcio Comarcal y al margen de un procedimiento de contratación público-, la iniciativa tampoco está sometida a un proceso de exposición público y periodo de alegaciones. En estos momentos, ninguno de los colectivos y administraciones que han expresado su rechazo lo pueden hacer constar legalmente con una alegación en contra.
