La gestora del centro de día de Callosa desiste del escrito del exalcalde que exoneró su canon

La mercantil Domus, concesionaria del centro de día de Callosa de Segura, ha solicitado que no se tenga en cuenta el escrito presentado por el exalcalde del municipio, Javier Pérez, en el que afirma haber eximido a la misma del pago del canon por la explotación del servicio. La concesionaria ha presentado una solicitud ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Elche -que instruye la denuncia del Ayuntamiento para reclamar a Domus el canon impagado- en la cual «en prueba de su buena fe procesal» desiste parcialmente de su petición basada en el acta notarial suscrita por Pérez, que señala haber exonerado a la empresa del canon establecido como obligación esencial en el contrato que suscribió con el consistorio.

De este modo, la empresa recula en su solicitud después de que el Ayuntamiento aportase al juzgado un certificado emitido por la secretaria municipal en el que dispone que «en este Ayuntamiento no existe, ni ha existido, documentación, expediente o acuerdo alguno adoptado por el órgano de contratación en los que se exima a Domus de ninguna de las obligaciones recogidas en el contrato». El edil de Hacienda, Rubén Manresa (EU), hizo ayer hincapié en lo «extravagante» del procedimiento y denunció que «con este paso atrás la empresa deja solo al exalcalde y pone en evidencia que sus manifestaciones fueron fraudulentas». Según Manresa, «la ley es clara al respecto y no es posible que un alcalde perdone a una gran empresa cientos de miles de euros que repercuten de forma negativa en todo un municipio», que cifra en 200.000 euros a lo largo del contrato.

Javier Pérez acusó al tripartito de «echar mierda sobre él» con este asunto, al afirmar que se realizaron una serie de obras complementarias que aumentaron el coste de la obra y que por eso se exoneró del canon a la mercantil, siempre bajo criterios técnicos. Con el desistimiento parcial la mercantil cambia su estrategia jurídica y ahora va a tratar de acogerse a supuestos fallos en el procedimiento administrativo para evitar el pago de las cantidades reclamadas.