La Fiscalía investiga el contrato de suministro de agua de Orihuela por hechos que "podrían ser constitutivos de delitos" de prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios, según ha desvelado hoy Cambiemos, aportando el auto del Ministerio Público, en una rueda de prensa realizada por los concejales Carlos Bernabé y Javier Gracia. Esta denuncia fue elevada a la Fiscalía Anticorrupción de la Vega Baja por parte de la formación municipalista en 2017.

En la denuncia se indica que el Ayuntamiento y la empresa concesionaria acordaron dos prórrogas del contrato supuestamente irregulares al condicionarse a la ejecución de convenios de inversión por parte de la empresa para llevar a cabo mejoras de infraestructuras de abastecimiento en Orihuela Costa, sin modificar el contrato o sacarlo a licitanción, siempre según Cambiemos.

El primer contrato con la empresa -en aquel momento con el nombre comercial de Aquagest se fijaba de 1988 a 2008 -veinte años-. La primera prórroga rubricada en 2001 amplió la contrata de 2008 a 2018 y la segunda realizada en 2004 amplió la gestión de 2018 a 2038 -otras dos décadas-, sin opción a otras empresas del sector pudieran concursar en el momento en el que se agotaban los plazos de gestión.

La magistrada del juzgado de Instrucción 3 de Orihuela declaró la causa "compleja" el 17 de septiembre pasado para poder contar con un plazo de investigación más amplio y abordar la denuncia en profundidad, según Cambiemos. "Esta no ninguna guerra" contra la empresa "lo único que nos interesa es el interés común", ha dicho Javier Gracia.

Cambiemos asegura que el equipo de gobierno estaría "entorpeciendo" la investigación: «Si no hay nada que esconder, no se entiende esta actitud». Los ediles de la formación de izquierdas basan esa afirmación en el hecho de que el Ayuntamiento haya recurrido la decisión del juzgado de solicitar, a finales de octubre pasado, a la junta superior contratación administrativa estatal un informe en el que pide que analice y valore la legalidad de ambas prórrogas.

Según Cambiemos el Consistorio alega que la revisión de la documentación solicitada no es necesaria. Ante estos hechos, Carlos Bernabé ha interpelado al alcalde, Emilio Bascuñana, para que dé explicaciones, y ha pedido que la dirección política del Ayuntamiento se ponga de parte de los intereses de la gente de Orihuela y abandone esta actitud de entorpecer la investigación.Versión municipal

El concejal del área de Gestión de Agua, Juan Ignacio López-Bas (Ciudadanos) ha indicado hoy a INFORMACIÓN.es que el Ayuntamiento ha remitido 7.000 folios con la documentación que ha reclamado el juzgado en la que se incluyen los contratos con la empresa de gestión (Hidraqua) de 1987 (agua potable), 1993 (gestión de la depuración), 1995 (contrato de gestión del saneamiento) y las prórrogas de 2001 y 2004, todas las liquidaciones anuales del canon que paga la empresa.

"Los denunciantes de Cambiemos pueden acceder cuando quieran a la documentación e información remitida al juzgado. Parece que son parte y la pueden ver en el propio expediente pero a ver si es que vamos a tener que explicarles nosotros los 7.000 folios que hemos mandado", ha subrayado. "Una de las grandes patrañas y mentiras que cuenta Cambiemos es que no se liquida el canon, y es mentira. Y se ha aportado la documentación del fondo de saneamiento de 2012 a 2017 también", ha dicho el concejal.

"Me quedo de piedra porque no sé de qué nos acusan al decir que entorpecemos. Entre julio y septiembre del año pasado se le mandó toda la documentación que el juzgado había solicitado", agregó el concejal.

El edil ha recordado que el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento a la petición del juzgado de que sea la junta superior de contratación la que revisa las prórrogas no suspende, hasta que se resuelva en caso favorable al Ayuntamiento, las diligencias ordenadas, por lo que la junta de contratación sí estaría realizado esa revisión.

Lopez-Bas ha matizado que a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y al propio equipo de gobierno les pareció extraño que el juzgado solicitara un procedimiento administrativo, la consulta a la junta superior de contratación administrativa, en una causa que investiga hechos penales, además de advertir que se están investigando actos administrativos firmes que no fueron recurridos y que como mínimo se remontan a hace 14 años -el más cercano en el tiempo- y que solo se han cuestionado desde 2017. Además, también se alega que que las resoluciones de esa junta no tienen carácter vinculante.

Además recordó el edil recordó que el municipio cuenta con una mesa del agua en la que Cambiemos tiene a disposición toda la documentación, incluidas las liquidaciones del canon, que en su día pusieron en duda que se hubieran realizado.