El Consorcio Vega Baja Sostenible celebró ayer una comisión de Gobierno en el que se decidió por unanimidad presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre la sentencia que restituye a Cespa (Ferrovial)-Ortiz la condición de adjudicatario del Plan Zonal de Residuos. Según concluye el informe del jefe del Servicio de Asistencia Técnica a municipios, el Consorcio debe recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el mes de abril, puesto que indica que «lo esencial en este caso fue la falta de disponibilidad del suelo por la que fue actora y después apelante», es decir, la empresa a la que se le rescindió el contrato el 21 de enero de 2015.
Los técnicos insisten en que Cespa carecía de suelo en Albatera para poder desarrollar el macrovertedero y ese era argumento suficiente y de peso para resolver el contrato -el Consorcio nunca cuestionó que la empresa estuviera inmersa de lleno en la investigación del caso Brugal-. Esa resolución paraliza, de momento, cualquier intento de la entidad comarcal de residuos de adjudicar a empresas las infraestructuras de gestión de las que carece la Vega Baja. Paradójicamente, es la propia Cespa la que ha estado planteando en los últimos cuatro años algunos proyectos, con la advertencia de que otras firmas no pueden presentar iniciativas. La Vega Baja no tiene vertedero, ni plantas de valorización y transferencia. Su construcción está bloqueadas desde la investigación del caso Brugal en 2008 por el supuesto amaño del plan zonal adjudicado a principios de 2008 a Cespa-Ortiz, y después con la resolución del contrato a la misma empresa en 2015 -entre tanto se modificó la ubicación del principal vertedero de Torremendo (Orihuela) a Albatera-. Esa paralización obliga a los municipios de la Vega a transportar y eliminar sus residuos en otras comarcas de la provincia e incluso en la Región de Murcia, con un importante sobrecoste anual que se repercute en la factura de los vecinos.
En funciones
La comisión, que se ha reunido en funciones, también aprobó la cuenta general del ejercicio 2018, así como el convenio de colaboración entre los Consorcios A1, A3 y A6 y su representación en el consejo de administración de Vaersa. Pineda aseguró que «el objetivo de la entidad es seguir avanzando en la gestión adecuada de los residuos y dejar la inercia administrativa en condiciones para que los próximos representantes del Consorcio puedan seguir trabajando». Además, el presidente dijo que «en estos 4 años hemos tratado de marcar una línea para que se cumpla con lo que estipula la UE y cada vez reciclemos más y mejor». Ayer los representantes del PP en la Comisión de Gobierno, aunque votaron a favor del recurso -la resolución del contrato fue impulsada por los populares- cuestionaron que se abordaran asuntos de calado, como los presupuestos en un organismo que desde el domingo pasado ejerce en funciones.
El PP da por hecho que recuperará el control tras constituirse la Diputación
El triunfo de los populares en los mayores municipios de la Vega Baja les permitirá sacar de la institución a Manuel Pineda
El Partido Popular tiene todas las papeletas para recuperar el control político del Consorcio Vega Baja Sostenible, responsable de gestionar la estrategia de eliminación y valorización de los residuos en la comarca. Eso si mantiene la presidencia de la Diputación Provincial y tras arrebatar a la izquierda los municipios de Torrevieja, Pilar de la Horadada y Callosa de Segura. En este organismo está representada la Diputación, la Generalitat y las 27 poblaciones de la Vega. Pero no en la misma proporción. Los representantes del Consell cuentan con un 18% del voto ponderado, los de la Diputación con el 21% y el 60% restante es el que suman los municipios. A su vez, en ese 60% los municipios están representados en función de su peso demográfico. Los mayores de 50.000 habitantes -Torrevieja y Orihuela- tienen 15 votos. Las ciudades con más de 20.000 vecinos -Pilar y Almoradí- cuentan con 9. Así en orden descendente. El PP ha recuperado el poder municipal en Torrevieja, Pilar de la Horadada, Callosa de Segura (los municipios de diez mil a 20.000 habitantes tienen 6 votos) y lo mantiene en Orihuela y Almoradí. Mientras que el PSOE está más representado en los municipios medianos y pequeños. La nueva composición del Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1-que así es como se llama realmente este organismo- se confirmará tras la constitución de las nuevas corporaciones locales.
