La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado el recurso de apelación presentado por el alcalde de Benejúzar, Antonio López, y siete personas más, tres de ellas concejales de la localidad, contra la decisión de abril de 2016 de un Juzgado de Instrucción de procesarles por un presunto delito electoral en las elecciones de mayo de 2015. A través de un auto del pasado 17 de agosto, la sala desestima el recurso presentado por el PSOE de Benejúzar contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela de continuar por los trámites de procedimiento abreviado de las diligencias iniciadas por delito electoral, según avanzó ayer el PP de Benejúzar en un comunicado.
Los hechos se remontan a abril de 2015, cuando en precampaña electoral, el PP de Alicante denunció ante la Junta Electoral de Zona de Orihuela el «buzoneo de publicidad y propaganda electoral» en la noche del 28 de abril, donde, según la denuncia, el PSOE benejucense estuvo pidiendo el voto. La denuncia señala que la campaña para los comicios del 24 de mayo no comenzó hasta el día 7 de ese mes, por lo que estaba prohibido pedir el voto expresamente antes de esa fecha. Los populares aseguran que el candidato a la alcaldía por el PSOE, junto a miembros de su candidatura, distribuyó folletos publicitarios en los buzones pidiendo el voto, en los que se indicaba: «Os pido vuestra confianza para abrir un nuevo tiempo en Benejúzar. Lo hicimos y lo volveremos a hacer. Cuento Contigo»
En el auto, la jueza consideraba que los hechos son «indiciariamente constitutivos de delito electoral» y que existen «indicios racionales de criminalidad». Por estos hechos el ministerio fiscal pide una pena de 4.500 euros y tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo. La Audiencia Provincial señaló, a finales de 2018, la celebración de juicio oral para ocho miembros del PSOE de Benejúzar para el día 22 de septiembre de 2021, por delito electoral. Esta resolución fue recurrida por los socialistas.
De las ocho personas que están a un paso de sentarse en el banquillo cuatro son actualmente representantes socialistas electos: el alcalde, Miguel López, que es además diputado provincial; un alto cargo de la Consellería de Sanidad, José Antonio García Gómez (que ejerce como comisionado del Hospital de Torrevieja, encargado de fiscalizar la concesión); Genoveva del Rocío García, edil de Educación; y Soledad Meseguer, concejal de Deportes. El resto son exediles y miembros entonces de la ejecutiva local del PSOE: Elena Culiáñez, Victoria Rufete, Nicolás Figueroa y Melisa Rufete.
Batalla de recursos
Según señaló ayer el PP, con esta decisión de la Audiencia «se pone fin a una batalla de recursos y resoluciones legales, que sin lugar a dudas ponen de manifiesto unos graves indicios de delito electoral por parte de los socialistas benejucenses, que no benefician para nada ni a la imagen de Benejúzar ni mucho menos a un gobierno bajo sospecha».
Sin embargo, el alcalde de Benejúzar, Miguel López, negó ayer que fuera éste el último recurso y anuncia que pedirá la nulidad de actuaciones. «Nos falta por resolver el recurso del alargamiento del proceso más allá de los seis meses de instrucción por no ser una causa compleja, y esto ha llegado a la Audiencia desde el juzgado de Instrucción sin haber resuelto todos los recursos, de hecho la Audiencia devolvió a Instrucción algunos de esos recursos, y llevamos desde 2015 hasta hoy con esto pendiente, por una causa menor que básicamente es falsa», indicó a INFORMACIÓN.
El regidor asegura que pidió a la Audiencia que «nos juzgaran lo antes posible, para aclararlo todo y que se acabe con la pena de banquillo; esto es insufrible, me siento indefenso y ya está bien», dijo López, visiblemente molesto.
El PP criticó el silencio de los socios de gobierno del PSOE en Benejúzar, Ciudadanos, en este asunto «que ni han criticado la situación de los socialistas» y que el PSOE ponga «las líneas rojas a su antojo». Miguel López pasará el testigo de la alcaldía a la portavoz de Cs, Rosa García, en octubre de 2021 en virtud de ese pacto de gobierno.
