El juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja ha abierto diligencias de investigación relacionadas con la gestión supuestamente irregular por parte del Ayuntamiento de Torrevieja de la prestación del servicio de recogida de basuras en la ciudad y el plan de choque de limpieza sin contrato de 2019.
En el procedimiento aparece en calidad de investigada (imputada) la edil de Aseo Urbano, Personal, Contratación y Parques y Jardines, Carmen Gómez. La magistrada titular de ese juzgado, Juana López Hoyos, ha abierto el procedimiento después de recibir una denuncia del fiscal Anticorrupción de Alicante, Pablo Romero, en la que se señala que de los hechos que ha investigado en los últimos seis meses podrían derivarse de forma indiciaria la comisión de delitos.
El fiscal Anticorrupción, como avanzó INFORMACIÓN, abrió su propia investigación a principios de año una vez que tuvo constancia documental de presuntas irregularidades en la gestión del área de Aseo Urbano. La edil fue llamada a declarar en calidad de investigada a finales de noviembre. En ese momento solicitó un aplazamiento de su comparecencia, en la que iba a ser interrogada con la asistencia de un abogado.
Sí que han acudido a testificar en las tres últimas semanas concejales de la oposición al equipo de gobierno del Partido Popular y funcionarios del Ayuntamiento ligados con la gestión de este servicio. A esta imputación la misma edil suma otra por la investigación de la construcción del parque de San Luis. La investigación de la Fiscalía se centra en el anuncio del equipo de gobierno del Partido Popular poco después de asumir el actual mandato (junio de 2019) de un plan de choque de limpieza acorde con su promesa electoral de contar con «una ciudad más limpia», coincidiendo con el periodo veraniego. Tanto el alcalde Eduardo Dolón (PP), como la edil Gómez indicaron en rueda de prensa que ese refuerzo se expresaría tanto en un aumento del número de operarios -en torno a una veintena- como en la disposición de más medios materiales en la calles durante varios meses. El gobierno cifró el coste mensual de aquel refuerzo en más de 120.000 €. Lo llevó a cabo la empresa Acciona, que realiza el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sin contrato desde junio de 2016.
Anticorrupción indaga si se produjeron supuestas irregularidades en el encargo a la multinacional puesto que no figura ni un contrato, ni certificaciones de los trabajos y tampoco aparecen ahora las facturas. Inicialmente el gobierno del PP indicó que este plan de choque se realizaba con el aval técnico. Sin embargo los funcionarios advirtieron al gobierno local la imposibilidad de realizar un contrato al margen a la misma empresa, que a la vez ya realiza la prestación principal sin contrato. Las tareas de refuerzo se prolongaron los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 y en sucesivas notas de prensa el gobierno local informó de los sectores en los que se concentraría la intervención.
Los técnicos que supervisan el funcionamiento de la recogida de basuras han advertido a sucesivos gobiernos locales (no solo el actual) de su falta de medios para verificar sobre el terreno que la prestación se realiza de forma efectiva. Algo que también incluye cualquier servicio extraordinario como el plan de refuerzo. La Fiscalía podría derivar de esta investigación otras ligadas a la misma prestación de aseo urbano, recogida de basuras y limpieza de playas.
La recogida de residuos tiene un coste anual para las arcas municipales de unos 20 millones de euros y no cuenta con servicio de inspección externa del cumplimiento de servicio -el expediente para adjudicarlo se ha archivado-, lo que justifica el gobierno del PP en el hecho de no poder exigir a una empresa unos determinados criterios de calidad objetivos si no hay contrato que los especifique. La investigación judicial se solapa con el procedimiento de adjudicación de una nueva contrata para el servicio de recogida de residuos urbanos valorada en 466 millones de euros, paralizada ahora por la diferencia de criterio entre los técnicos de la mesa de contratación. La prestación de este servicio en Torrevieja está salpicado por la polémica desde hace años.
La concejala, que asume algunas de las áreas de mayor peso el gobierno local como Contratación, Parques y Jardines y Personal además de Aseo Urbano está imputada en otro procedimiento relacionado con el suministro de materiales sin contrato para un parque
El actual tiene su origen en un concurso adjudicado en 2004 que el TSJ de la Comunidad consideró fraudulento y que supuso la condena a tres años de cárcel por corrupción del entonces alcalde Pedro Hernández por amañar la adjudicación. Ese fallo no anuló, sin embargo, la decisión administrativa de adjudicar el contrato a Acciona.
Un nuevo plan enrocado en la fórmula de gestión
Por otra parte, los informes y contrainformes de funcionarios -y el criterio no siempre único entre los miembros del equipo de gobierno- mantiene bloqueada la tramitación del nuevo servicio de recogida de basuras de Torrevieja. El proceso está enrocado en si se adjudica el expediente actual en fase de baremación, se crea una empresa mixta o se comienza de cero. El gobierno municipal se fijó como prioridad del mandato poner en marcha un nuevo.
