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Los sindicatos acusan al alcalde de Orihuela de saltarse la ley por quitar la plaza de comisario

UGT y SPPLB denuncian en la Subdelegación y en Inspección de Trabajo la eliminación del puesto al no aprobarse en la preceptiva mesa de negociación

El alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, junto al intendente de la Policía Local, José María Pomares, en una imagen de archivo

El alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, junto al intendente de la Policía Local, José María Pomares, en una imagen de archivo Tony Sevilla

La decisión del alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, de eliminar de la oferta de empleo la plaza de comisario de la Policía Local que el área de Personal, que dirige Cs, pretendía sacar por promoción interna, puede terminar en la anulación de todas las plazas ofertadas para este año. El PP aprobó la oferta de empleo público en solitario, en la junta de gobierno del pasado 29 de diciembre y que contó con el rechazo de la formación naranja por la injerencia del regidor. Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento están muy enfadados con la decisión del alcalde oriolano, al que acusan de «saltarse la ley». Dos de los mayoritarios, UGT y SPPLB, ya han denunciado ante la Subdelegación del Gobierno y en la Inspección de Trabajo la decisión de Bascuñana eliminar esa plaza incluida en la propuesta al no haberse aprobado esa modificación en la mesa de negociación (donde están representados los trabajadores) y que, recuerdan, es un paso preceptivo «de obligatorio cumplimiento» en el caso de la oferta de empleo público y que contaba con informes técnicos favorables.

Los sindicatos piden que se declare nula la modificación puntual del acuerdo adoptado en junta de gobierno, a la vez que solicitan a la Secretaría del Ayuntamiento un informe. De no hacerse efectiva esa nulidad, dicen estar dispuestos a ir a los juzgados, lo que podría acabar, en caso de darles la razón, en una sentencia que anule toda la oferta pública de empleo (OPE) «y el despido inmediato de aquellos trabajadores que estén ocupando alguna de las plazas incluidas en dichas OPE’s y que en el caso del Ayuntamiento de Orihuela son muchos», indican los sindicatos a INFORMACIÓN. «Señalamos directamente al alcalde por los perjuicios y despidos que pueden sufrir los trabajadores que pudieran ser afectados», añaden, y acusan a Bascuñana de «ningunear» los acuerdos de la mesa de negociación «por motivos personales y confiando en que los sindicatos se traguen este atropello», por las consecuencias que puede traer el judicializar este asunto.

«A dedo»

La edil de Personal, Luisa Boné (Cs), realizó la propuesta de las plazas que se sacarán este año de empleo público tanto por concurrencia competitiva, como por promoción interna y las de estabilización de los funcionarios actuales. La misma la llevó a la mesa de negociación y fue aprobada por unanimidad por todos los sindicatos y representantes de los trabajadores. Sin embargo, en la junta de gobierno que debía aprobar la, el alcalde oriolano decidía llevar a cabo una modificación, la eliminación de la plaza de comisario o intendente jefe que en la propuesta se incluía por promoción interna, y cambiarla por otra de intendente, por el mismo curso. Según explicaron fuentes populares, querían evitar que se diera «a dedo» ese puesto, el de más alto rango de la Policía Local, ya que todas las papeletas para quedárselo las tenía el actual intendente, José María Pomares, que desde hace años ostenta, por decreto, las funciones de jefe policial. Cs negaba el dedazo y votaba en contra de toda la propuesta que llevaban de empleo público, que salió adelante al tener mayoría en la junta los ediles del PP.

Sin embargo, los sindicatos han decidido ir más lejos. El representante de SPPLB, Francisco Cánovas, y el de UGT, Rafael Pintor, señalaron a este diario que el alcalde «ignorando los informes de los técnicos y el acuerdo de mesa de negociación, modificó y sacó de dicha oferta pisoteando los derechos de los trabajadores a la negociación y a la promoción» y critican que el alcalde es reincidente en modificar la oferta de empleo público al eliminar tres plazas en 2019. Señalan que la junta de gobierno «no debería ser más que un trámite, pero acabó con un atropello a los derechos de los trabajadores o presiones a estos, algo inadmisible que UGT ya denunció y que no estamos dispuestos a tolerar».

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