La Generalitat Valenciana ha licitado la concesión de la construcción y explotación de un varadero en el puerto de Torrevieja. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad tiene intención de adjudicar la instalación por un periodo de 35 años. La aportación de la empresa concesionaria a las arcas de Puertos de la Generalitat se fija en un mínimo de 110.000 euros anuales, aunque se trata de concurso al alza. Es decir, se adjudicará a la oferta que con mayor margen supere ese precio por construir y disponer esta infraestructura.
La ubicación prevista por la administración autonómica es el muelle de abrigo construido en 2007 que se iba a utilizar como nueva zona de amarre de la flota pesquera, un emplazamiento que la Cofradía de Pescadores ha cuestionado desde entonces. En octubre de 2018 el Gobierno del Botànic aprobó la delimitación de espacios portuarios del puerto de Torrevieja, que desarrollaba la ley de Puertos validada por el último gobierno popular. En este documento se descartaba el uso pesquero del muelle de abrigo y se contempla un nuevo uso complementario como zona logística y técnica, alejada del casco urbano y las viviendas, con el objetivo de atender la demanda de mantenimiento y reparación de un puerto con una oferta de amarres que supera las dos mil plazas y que mantiene a lo largo del año unas 1.700 ocupadas.
La Generalitat también contempla el servicio de varadero para embarcaciones pesqueras puesto que Torrevieja sigue siendo base de una media de 12 embarcaciones de pesca de cerco, especializadas en la captura de boquerón y sardina. La inversión prevista en la construcción de las instalaciones es de dos millones de euros, sin contar los gastos generales, beneficio industrial ni el IVA, según los pliegos de condiciones.Ese espacio, que cuenta con 44.332 metros cuadrados en total, la mitad en tierra y la otra mitad de espejo de agua, ya cuenta con algunas infraestructuras preparadas para el uso de varadero, como una rampa de hormigón para facilita la operación que permite varar las embarcaciones y dejarlas en dique seco, porque se diseñaron hace quince años para dar servicio a la flota pesquera.
No es el mejor momento para plantear la concesión desde el punto de vista económico aunque el de Torrevieja es uno de los puertos con mayor número de puntos de amarre de la Comunidad Valenciana con tres marinas deportivas: Marina Salinas (724 puntos de amarre), Real Club Náutico (354) y Marina Internacional (800) , además de dos pantalanes de aficionados a la pesca deportiva, que ofertan en torno a otros 200 puntos. La mayor parte de los barcos deportivos requieren ir a varadero una vez al año para llevar a cabo su limpieza y mantenimiento.
Este muelle de abrigo del dique de Poniente o de la Sal fue financiado en 2007 por Marina Salinas (que gestiona una filial de Acciona) como mejora para adjudicarse la construcción de marina deportiva. El objetivo final era que el sector pesquero dejara su actual emplazamiento tradicional porque impedía el desarrollo de superficies comerciales, que finalmente la delimitación de espacios portuarios descarta al manetener la lonja en un emplazamiento muy similar al actual.
Instalaciones a extinguir
En la bahía de Torrevieja funcionan tres varaderos de pequeñas y medianas dimensiones. El Varadero El Cairo, con la concesión agotada desde 2017, junto a Marina Internacional, sobre unos diez mil metros cuadrados está situado en una zona en la que esa delimitación de usos portuarios descarta ese uso, que genera constantes quejas vecinales por contaminación acústica. Lo mismo ocurre con la pequeña instalación que el Real Club Náutico explota junto a sus pantalanes. El espacio que ocupa ahora entre el histórico «muelle Mínguez» y la sede social del Club también desaparece para ese uso. Un tercer varadero, para barcos de mayores dimensiones, trabaja en Marina Salinas.
La Generalitat asegura que se trata en cualquier caso de instalaciones totalmente insuficientes para la actividad náutica de Torrevieja. La administración autonómica planteó la renovación de las concesiones de distintos usos del puerto, que tiene su origen histórico en la exportación de sal, como una forma de garantizar ingresos para su renovación. Actualmente ingresa en torno a 2 millones de euros al año en concesiones que no revierten en mejoras para el propio puerto, muy deficitario en algunos servicios.
