El Ayuntamiento de Torrevieja ya ha pagado más de 90 millones de euros sin contrato a la empresa Acciona, que presta el servicio de recogida de basura, transporte a vertedero, limpieza viaria y de las playas. El contrato con esta empresa se agotó en junio de 2016, tras una década de vigencia y dos prórrogas de un año. Desde entonces hasta el último céntimo por la recogida basura se ha abonado con informes en contra del área de Intervención municipal porque la prestación se realiza sin mediar contrato entre la empresa y la administración local. Pero el coste mensual no hace más que crecer. Son casi veinte millones de euros anuales. 1,5 millones al mes. Además, la multinacional mantiene varios frentes en el juzgado de Lo Contencioso para reclamar más de las arcas municipales.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia condenó al Ayuntamiento al pago de casi medio millón de euros por el retraso en el abono de certificaciones presentadas por la empresa cuando el contrato todavía estaba vigente. Los intereses corrían a favor de la multinacional desde el momento en que el municipio se retrasaba más de 60 días. La empresa llevó el asunto al juzgado cuando realizó la liquidación de todo el periodo de contrato, en 2016. Sobre todo corresponden al periodo 2011-2015. El Ayuntamiento, sin poner en duda la obligación de abonar los intereses generados por los retrasos solo cuestionó la forma de acreditarlos que había utilizado Acciona y el tipo de interés que se impuso al Ayuntamiento, sin éxito. En marzo un juzgado de lo Contencioso de Elche advirtió en un escrito dirigido al alcalde que la resolución era firme y daba diez días para pagar. El concejal de Hacienda, Domingo Paredes indicó que el presupuesto municipal cuenta con un fondo de contingencia para responder por resoluciones judiciales en firme no previstas inicialmente con una partida suficiente. El Ayuntamiento no tuvo otra opción que mantener la vinculación con esta empresa en el momento que se quedó sin contrato porque la alternativa era que la basura se quedara en la calle para un servicio que se considera esencial -carece de medios propios para asumir el principal servicio público para el que son necesarios 200 operarios y una flota de camiones-. De ahí que finalmente los reparos de intervención -la omisión de la función interventora- se resuelvan precisamente con ese argumento: es una prestación que no puede dejar de realizarse a diario, y que el Ayuntamiento debe abonar a la empresa que la realiza.
Alquileres
Al enorme coste de la recogida de basura, limpieza viaria y limpieza del litoral los 365 días del año; la empresa ha ido añadiendo nuevos gastos. El más reciente es el de alquiler de camiones. La flota de vehículos adquirida en 2004 con el nuevo contrato está obsoleta. El importe mensual por el nuevo arrendamiento de buena parte de los camiones se eleva a más de 90.000 euros mensuales. Sin contar el servicio de reparación.
El Ayuntamiento lleva 5 años de intentos de licitación y el último pasa por la gestión de una empresa pública
El Ayuntamiento lleva inmerso en distintos intentos por adjudicar el servicio los mismos años que se realiza sin contrato. En el anterior mandato fracasó la municipalización del gobierno de izquierdas. A finales de 2019 se anuló un proceso de adjudicación de gestión indirecta cuando ya se habían presentado las ofertas. A finales de 2020 se anuló otro iniciado por el PP con las plicas técnicas abiertas -y el resultado final ya casi perfilado y con recursos de las empresas por resolver-. Y ahora se trabaja en la creación de una empresa pública -lo más cercano a la municipalización rechazada inicialmente por el PP- para que se haga cargo del servicio.
