Tres desahucios planean sobre tres familias que viven en el mismo edificio del barrio del Rabaloche en Orihuela. Un barrio que, según el INE, se encuentra, por su nivel de renta, entre el 1% más pobre de España. El caso de estas familias "es un ejemplo de violencia inmobiliaria”, según ha denunciado este jueves el portavoz de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, que se ha reunido con las afectadas. Desde mediados de los 80, la empresa Inter-Ronda, propietaria de los pisos, era la que los alquilaba a los residentes. Según explican las familias, esta empresa quebró, huyó del escenario y algunos inquilinos consiguieron hacerse con la propiedad de los inmuebles. En otros casos, otras familias quedaron desprotegidas y dependiendo del BBVA y su fondo de inversión asociado, DIVARIAN. Estas entidades han promovido los desahucios sin ofrecer a las familias la posibilidad de pagar un alquiler, según han explicado este jueves. Ahora tres familias que viven en esas viviendas se enfrentan a un desahucio señalado para el 13 de mayo, después de haberse paralizado los dos anteriores, en octubre de 2020 y enero de 2021, gracias a la presión de las familias y de activistas por la vivienda que han colaborado con ellas y al marco de las medidas de protección social promovidas durante el Estado de Alarma.
Reclaman al Ayuntamiento y al Consell que intervengan en sus casos para conseguir un alquiler social. «Nosotras sólo queremos quedarnos en nuestra casa, somos víctimas, queremos pagar un alquiler y vivir donde hemos estado siempre», explicaba Carmen Rodríguez. Por su parte, Dolores Cecilia, señalaba que «una de nosotras está embarazada, otra jubilada y yo con problemas de salud, ¿dónde vamos a ir? No se puede vivir pensando en cuándo va a ser el siguiente intento de desahucio, no aguantamos más». Lucía Rodriguez, otra de las afectadas, ha explicado cómo han llegado a esta situación: «pagábamos alquileres a Inter-Ronda, desapareció, se quedó las viviendas el BBVA y ahora pretenden echarnos cuando simplemente queremos pagar un alquiler asequible y estar en nuestro barrio de siempre, somos gente trabajadora que simplemente quiere estar en su casa. Esto ha sido un abuso, somos víctimas y queremos que Ayuntamiento y Conselleria nos den soluciones».
El concejal de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, que ya ha trasladado diversas peticiones al área de Bienestar Social, ha señalado que «la opción más lógica es que el gobierno local y la Generalitat Valenciana negocien y colaboren política y económicamente para adquirir las viviendas y adjudicárselas a las familias en alquiler social. Esta medida no sólo sería la más justa con estas personas sino la más eficiente para la administración». Además, ha añadido que «debe quedar claro que esto es violencia inmobiliaria contra las familias, y que el BBVA es responsable de ello, por eso pedimos una vez más al Ayuntamiento que intente negociar para buscar una alternativa». A juicio de Bernabé, el propio procedimiento judicial "es bastante irregular, porque las familias están en una situación de total indefensión".
Un informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento alertó hace unos meses de la situación de «vulnerabilidad y desamparo» en la que quedarían esas tres familias de Orihuela si son desalojadas de sus casas. Algunas de las familias llevan allí viviendo desde hace 40 años, y ahora temen perder sus casas.
Las familias afectadas solicitarán una posposición del desahucio por las moratorias prorrogadas por el Consejo de Ministros. No obstante, quieren conseguir una alternativa que dé solución al problema. Solución que, dicen, "no puede pasar por una vivienda social que suponga desarraigarse de su entorno y de sus vecinos, más aún si se tienen en cuenta sus problemas de salud y necesidades familiares", ha explicado Carlos Bernabé. «Sólo queremos pagar un alquiler, como cualquiera, nada más», han concluido las tres afectadas.
