Orihuela debe expropiar un tramo de paseo en Cabo Roig si quiere evitar que lo cierren los vecinos

Las cientos de personas que a diario pasan por el sendero frente a la urbanización Bellavista en Cabo Roig, que da continuidad al paseo marítimo de Aguamarina, podrían volver a tener que dar un rodeo de dos kilómetros para salvar ese tramo de solo 60 metros junto al mar, como debía hacerse antes de que en 2015 el gobierno local de PSOE y los Verdes ejecutara el derribo del muro privado que en los dos extremos levantaron en su día los vecinos de esa urbanización -ya que, hasta entonces, el vial solo daba servicio a los 52 propietarios de las viviendas-. Todo, si el actual gobierno local de PP y Cs no lleva a cabo la expropiación del suelo tal y como le apremia la defensa jurídica del Ayuntamiento tras las tres sentencias judiciales, la última del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que dan la razón a los vecinos y dictan que debe volver a levantarse el muro privado porque su demolición por parte del Consistorio fue ilegal.

La asesoría jurídica vinculada al Ayuntamiento de Orihuela ha emitido un informe técnico, encargado por la Concejalía de Patrimonio (cuyo responsable, el edil Rafael Almagro, no ha atendido las reiteradas llamadas de este diario), en el que concluye que, para evitar la ejecución de las sentencias, el Ayuntamiento debe proceder a la adquisición de los terrenos que el Plan General prevé como dotacionales, mediante la expropiación, como ya indicó en octubre de 2018 un técnico del Ayuntamiento, sin que el gobierno local haya movido más ficha que la de recurrir tanto el auto de 2018 por el que se acordó que se procediera al vallado y restitución del muro, como la posterior sentencia del TSJ de noviembre de 2020 que lo ratifica. Frente a esta última sentencia, el Consistorio ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el propio abogado del Ayuntamiento reconoce que las posibilidades de admisión son «ciertamente remotas». Por ello, insta a incoar «de inmediato» tanto el expediente de expropiación de los terrenos que el PGOU señala como dotacionales, como los proyectos de obras que sean necesarios para la expropiación por utilidad pública de la parte de suelo que, a día de hoy, no tiene calificación urbanística de dotacional público, como ese sendero.

El gobierno local, a instancias del entonces edil de Urbanismo, el socialista Antonio Zapata, inició en 2013 el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística contra la urbanización, que instaló primero una valla y más tarde un muro, que impedía el tránsito por ese tramo, obligando a realizar un rodeo de dos kilómetros. Avalado por el TSJ, en marzo de 2015 operarios del Ayuntamiento rompieron a mazazos la puerta y el muro para la apertura pública del sendero. Los vecinos de la urbanización lo recurrieron y en 2016 el Juzgado Contencioso Administrativo de Elche dio la razón a los vecinos, anulando las resoluciones adoptadas al declararse probado que el paseo sobre el acantilado del Residencial Bellavista I nunca fue dominio público y condenando al Ayuntamiento a restituirlo.

El Ayuntamiento, ya gobernado por el PP, no recurrió la sentencia, por lo que pasó a ser firme, aunque la administración local ha ido recurriendo su ejecución. El Servicio Provincial de Costas, en mayo de 2017, señaló que el terreno en Aguamarina está afectado por una servidumbre de paso y, por lo tanto, los vecinos no lo podían cerrar y debían dejar el paso libre. El 4 de octubre de 2018 se dictó otro auto que ordenaba que se procediera al vallado y restitución del muro demolido, contra el que el Consistorio interpuso un recurso de apelación que ha tumbado el TSJ en sentencia de noviembre de 2020 en la que señala que el muro se construyó por parte de los vecinos de manera legal al hacerse antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Costas en la que se basa el Servicio Provincial de Costas para hablar de una servidumbre de paso, y cuyo informe asumió el Ayuntamiento, y condena al Consistorio a ejecutar la sentencia de 2016 que dicta la reconstrucción del vallado perimetral demolido y anula el acuerdo de la Junta de Gobierno de 2013 y el decreto de demolición de 2015.

Devaluación de las casas

Los propietarios afectados encargaron en 2019 a un despacho de ingenieros y urbanistas los valores de expropiación, que estimaron en 700.000 euros, suma desproporcionada para el Consistorio. Proponían, para evitarla, ceder el talud bajo el sendero, de su propiedad, y que el Ayuntamiento construya allí la continuación del paseo. Proyecto que Costas rechaza. Se quejan de que sus viviendas se han devaluado un 20% desde que no disfrutan de las vistas al mar sin que nadie pase por delante del jardín de sus casas. El Consistorio deberá ir al justiprecio.

Por su parte, desde la Asociación de Vecinos Orihuela Costa en Acción (Avoca) expresan su «preocupación» por el hecho de que pueda volver a cerrarse ese paso que, desde 2015, permite comunicar los paseos de Aguamarina y Cabo Roig. Y pone en evidencia la mala gestión del Consistorio en este asunto «ya que el gobierno local ha tenido tiempo más que de sobra para haber iniciado el expediente de expropiación».