«El Estado carece de competencias de gestión en materia de clausura y mantenimiento postclausura de vertederos, y tampoco dispone de subvenciones para este tipo de actividades». Fue la respuesta del Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet, que un mes antes había solicitado al Ejecutivo conocer las medidas adoptadas para la restauración ambiental y el mantenimiento del vertedero de La Murada, Orihuela-Abanilla, en referencia a unos fondos destinados en materia de gestión de residuos municipales y de envases para mejorar la gestión y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios.
Los argumentos que se esgrimen, según la respuesta que difundió ayer el partido, son que estas competencias corresponden a las comunidades autónomas, de acuerdo a la normativa.
En concreto, se sostiene que «la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, la clausura de vertederos y el mantenimiento postclausura corresponde a su titular en el marco de la autorización autonómica para este tipo de instalaciones», según el Real Decreto 646/2020.
Se señala, además, que «corresponde también a las comunidades autónomas la labor de inspección de estas actividades», conforme a la ley de residuos y suelos contaminados.