ATorrevieja le costó mucho acabar con la dependencia de la Corona y conseguir su emancipación municipal, ya que las lagunas y sus terrenos lindantes eran de su propiedad. Las Reales Salinas y lugares de Torrevieja, junto con La Mata eran Cotos Reales, ejerciendo su contador y administrador -que era el Regente de la Real Jurisdicción Ordinaria- todas las funciones de tipo municipal y judicial.
Ante la ausencia de Fernando VII, obligado a abdicar en Bayona, dio lugar a que las Cortes de Cádiz concedieran el primer Ayuntamiento de Torrevieja. En el año de 1812, tuvo su primer alcalde, Vicente López Martínez, de La Mata, que en su corto mandato procuró la extensión de los derechos de la Aduana de Alicante traspasándolos a la de Torrevieja que, en aquellos años, aunque su principal actividad era la salinera, los principales ingresos de sus habitantes provenían del fraude a la Hacienda Pública por medio de acciones delictivas encauzadas al comercio ilícito y contrabando. En 1814, a la vuelta al trono de Fernando VII, Torrevieja volvió a la jurisdicción de la Reales Salinas, perdiendo su Ayuntamiento.
En 1820 un pronunciamiento militar dio inicio al llamado «Trienio Liberal», restableciéndose la Constitución y los decretos de Cádiz; solicitando un grupo de vecinos la constitución de un Ayuntamiento, siendo nombrado alcalde Antonio Alberola Ponce, sucediéndole, en 1821 Manuel Galant Martínez; Mariano Talavera Trives, lo fue en 1822; y Antonio Hermógenes Sánchez Fuentes, en 1823. Fernando VII conspiró para restablecer el absolutismo, lográndolo tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, en 1823, volviendo la población a depender del administrador de las Reales Salinas, nombrado directamente del monarca desapareciendo el Ayuntamiento.
Así continuó la población hasta después del seísmo del 21 de marzo de 1829. En Torrevieja hubo 57 muertos. Todo el pueblo fue asolado, de las setecientas casas que había ninguna quedó en pie. La nueva población fue levanta bajo la dirección del ingeniero José Agustín Larramendi, con coordinación por el obispo de Orihuela, Félix Herrero Valverde. Larramendi dictó que en Torrevieja se destinaran viviendas fundamentalmente para aquellos que trabajaban en la explotación de las salinas, en un vano intento de expulsar al nutrido grupo de contrabandistas que allí residían.
En el nuevo plano de Torrevieja es por tanto más reducido que el original. En consecuencia, tres años después de ocurrido el terremoto, el 26 de marzo de 1832, sólo había en Torrevieja 209 casas conclusas, 38 principiadas y 18 sin comenzar; aunque muchas otras se habían levantado por cuenta propia de los vecinos. Fue una verdadera fiebre constructora, que impulsó un recién nombrado Ayuntamiento
Nos encontramos en la última fase del reinado de Fernando VII, la llamada Década Ominosa, caracterizada por una feroz represión de los liberales, así hasta llegar al 12 de julio de 1830, en que la Real Audiencia de Valencia, en nombre del rey, designó a las primeras personas que debían constituir el Ayuntamiento, entre ellas el que sería alcalde, José Galiana Tarancón, de tan solo 28 años, que volcó su preocupación en cuestiones básicas como el abastecimiento de víveres, la sanidad, elaborar un padrón de vecinos, la construcción de una Casa Consistorial y un asunto muy importante para los vecinos: procurar vivienda digna a todos los habitantes.
La flamante corporación de un pueblo a medio edificar, por causas políticas o administrativas que no están claras o acaso por la tensión con el administrador de las Reales Salinas, que dependía directamente del rey y que había perdido influencia en sus mandatos, José Galiana tuvo un final desgraciado, pues en la noche del 11 de diciembre de 1830 la mayoría de los componentes del Ayuntamiento fueron hechos presos y conducidos a la prisión del Castillo de Galeras de Cartagena, entre ellos el alcalde José Galiana y otros tres regidores; en enero 1832, todavía continuaba José Galiana preso. El 20 de febrero de 1844, Galiana accedió a su segundo mandato, en el que permaneció hasta el 8 de mayo de 1850, en que fue destituido temporalmente a consecuencia de unas acusaciones de «abusos y excesos». A principios de julio de ese año, José Galiana recurrió la decisión del gobernador de Alicante, Ramón de Campoamor, y este lo restituye en su cargo el 5 de julio. Detentará el cargo hasta el 31 de diciembre de 1851.
Durante este periodo, además de atender a las preocupaciones básicas de la población, se interesó en otorgar títulos de dominio a los presuntos titulares de parcelas y solares, en reordenar urbanísticamente el pueblo de Torrevieja, en la realización de nuevas alineaciones de vías públicas... y, sobre todo en la culminación de las obras de la iglesia parroquial, donde se reutilizaron los materiales provenientes de la demolición de la antigua Torre Vigía.
José Galiana Tarancón, había nacido en Torrevieja el 5 de marzo de 1802; sus padres eran José Galiana Pastor, maestro herrero, de San Javier, y Josefa Tarancón Amorós, de San Miguel de Salinas, se dedicaba al comercio, y estaba casado con Gregoria Albaladejo García, de San Javier.
De su matrimonio tuvo dos hijas, Adela y Antonia. Adela que contrajo matrimonio en 1859 con Atenógenes Sánchez Barceló, hijo de Antonio Hermógenes Sánchez, exportador de sales y vicecónsul de Rusia, Inglaterra y Reino de las Dos Sicilias en Torrevieja.
Su consuegro, Antonio Hermógenes, que ya había sido alcalde de Torrevieja en 1823, volvió a serlo desde el 10 de marzo al 13 de octubre de 1835; y del 20 de marzo de 1838 al 1 de enero de 1839; y su cuñada, Remedios Sánchez Barceló, contrajo nupcias en 1851 con José María Blake, administrador de las salinas. Su otra hija, Antonia Galiana Albaladejo, contrajo matrimonio con Asencio Manresa Navarro, también del ramo del comercio, motivo por lo que los descendientes de aquel herrero de San Javier elevaron su escalafón social y, lo que era más importante, su situación económica, pasando a formar parte de la pequeña burguesía emergente en la Torrevieja de aquellos tiempos.
Adela Galiana destacó como escritora de diversas obras que llegó a publicar, aunque su vida se vio también truncada por el delito. La Audiencia de Madrid y el juez de primera instancia del distrito de la Universidad expidieron una orden, con fecha de 11 de junio de 1881, emplazándola a que se presentara en el Palacio de Justicia, para ser trasladada a la cárcel de mujeres a fin de que extinguiera cinco meses de arresto mayor que le habían sido impuestos en sentencia firme por estafa; apercibiéndola que, de no comparecer, se la declararía rebelde.
Mal acabó también el obispo de Orihuela, Herrero Valverde, destacado en lo que se refiere a la actividad urbanizadora tras el terremoto de 1929, siendo desterrado de España en 1837 por su claro posicionamiento a favor de Carlos V después de rechazar a las tropas liberales de Isabel II, volviendo a Orihuela tras su expulsión en 1847.
