Tras la moción de censura que han firmado PSOE, Ciudadanos y Cambiemos para sacar de la Alcaldía de Orihuela a Emilio Bascuñana, que la coalición da por hecho que se aprobará en el pleno del 25 de abril, el discurso predominante es que la política social el hilo conductor entre las tres formaciones. De hecho, el día del anuncio la justificación más repetida fue que la medida era necesaria para romper la parálisis del municipio y crear un escudo social, acabando con «el bloqueo permanente» y desatascando «asuntos clave para el municipio», algo que confían lograr «en tan solo unas semanas». Es el caso de una herramienta imprescindible como los presupuestos, que llevan prorrogados desde 2018. La nueva alianza pretende sacar adelante en el primer mes de gobierno «un presupuesto urgente y rápido de marcado carácter social».
A la luz de las reivindicaciones que el PSOE y Cambiemos hicieron al PP en la negociación de las cuentas para este año, el listón está alto. Así, los socialistas propusieron 12 medidas que suman casi 26 millones de euros: creación de un parque público de vivienda (1,5 millones), el centro multiusos en la costa (2,5), adquisición y puesta en valor del Molino de la Ciudad (3), recuperación ecológica del yacimiento de Los Saladares (500.000), ecoparques en la ciudad y en la costa (600.000), nueva zona industrial (5), estudio de un proyecto de peatonalización (100.000), una plaza de abastos (2), cementerios municipales en la ciudad y en la costa (5), mobiliario infantil inclusivo para la renovación de los parques (1), mejoras de los consultorios médicos en Virgen del Camino y Correntías Medias (2) y ampliación del presupuesto del área de Bienestar Social (2,5).
A su vez, el documento de Cambiemos recoge que se podrían reducir 3,5 millones en gastos vinculados a retribuciones de concejales, estudios y trabajos técnicos y publicidad, un montante que, indicaba, se podría destinar a partidas sociales. Además, en otra serie de medidas solicitaba la revocación de la aprobación de la modificación del plan parcial de Cala Mosca para frenar la edificación en el último kilómetro de costa virgen en donde está prevista la construcción de más de 2.000 viviendas, algo que también ha destacado la formación en el acuerdo alcanzado con el PSOE para apoyar la moción de censura.
«Cuando dicen que tienen pactado un presupuesto social muy ambicioso me imagino que se refiere a uno que contemple las mismas exigencias», recalca el concejal de Hacienda, Rafael Almagro (PP), que espera que «no rebajen sus pretensiones, porque no sería justo para la sociedad». Lo dice con cierta ironía, ya que «el presupuesto da para lo que da», y se muestra seguro de que «se comprobará que no van a quitar asesores ni fiestas ni se van a bajar los sueldos». Además, se pregunta «cuándo va a llevar Carolina Gracia al pleno la desclasificación de Cala Mosca si su propio gobierno [en el Consell] lo autoriza en el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja».
Por último, recuerda que el PSOE para apoyar los presupuestos exigió a los populares que rompieran con Ciudadanos, «y eso hace tan solo un mes». Además, niega la mayor: «O hacen una chapuza o no veo presupuestos», sin olvidar que «vamos a llegar a mitad de año y con su correspondiente gasto» y con las alecciones a la vuelta de la esquina.
"Una alianza de perdedores que conduce al fracaso"
El portavoz del gobierno municipal de Orihuela, Rafael Almagro, ha manifestado su sorpresa e indignación ante las declaraciones del presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV con respecto a la moción de censura: «Ximo Puig, así como toda la ciudadanía oriolana, desconocen totalmente en qué consiste el pacto de PSOE y CLR porque no lo hacen público, y no tiene ni idea de con quién están pactando». Además, ha añadido que Puig «no tiene credibilidad para hablar de estabilidad en el Ayuntamiento cuando tiene su propio Consell hecho una jaula de grillos». A su juicio, esta alianza de perdedores no conducirá más que al fracaso y, lo que es peor, a la pérdida de oportunidades para Orihuela».
