Asaja Alicante ha criticado duramente la decisión del Gobierno de recortar en un 40% los caudales trasvasados a Alicante, Murcia y Almería, y ha anunciado que denunciará al Estado por el perjuicio económico y social que supone la supresión de 108 hm3 de caudal.
Además, la organización agraria ha pedido que en las próximas elecciones se vote "a fuerzas políticas que no actúen de forma deliberada contra el desarrollo económico y social del sureste peninsular", ha manifestado su presidente, José Vicente Andreu, que también ha hecho un llamamiento al presidente Ximo Puig para que sea más dinámico y solicite una reunión urgente en Madrid con el Ministerio de Transición Ecológica "a fin de evitar el incremento de los caudales ecológicos y la sentencia de muerte de nuestra huerta".
A juicio de Andreu, "es el principio de una nueva guerra del agua iniciada por el Gobierno contra el Levante español, cuando lo que debería haber es diálogo y entendimiento".
Tras la confirmación del recorte del trasvase Tajo-Segura, Asaja Alicante ha cargado "todo su peso socioeconómico y político contra el partido que ha planificado, ejecutado y rentabilizado la muerte de una infraestructura que ha dado de comer y de beber a millones de personas desde hace 43 años". Por ello, ha pedido "a la sociedad alicantina, almeriense y murciana que sepan quién es el culpable de su ruina y que lo castiguen en las urnas votando otras opciones políticas".
En este sentido, la organización ha incidido en que "el PSOE será el único responsable de la desaparición de 5.000 empleos y de las 27.000 hectáreas de regadío que ahora se convertirán en un páramo". En palabras de Andreu, "el PSOE cava dos tumbas con esta decisión, la de los agricultores levantinos y también su tumba política en esta zona".
También ha insistido en que "la decisión adoptada por el Ministerio es puramente ideológica, ya que no obedece a criterios técnicos, y completamente autoritaria, dado que ha desoído cientos de alegaciones contra el plan del Tajo".
Asaja da un paso más en la línea de batalla que han plantado otras entidades afectadas por la decisión de la ministra Teresa Ribera, con la connivencia del presidente del Ejecutivo y el resto de la coalición. La organización se suma a la demanda que interpondrá la Diputación de Alicante en reclamación de los 5.000 millones de euros de lucro cesante que causará el cierre de medio trasvase, e insta al Gobierno a reunirse inmediatamente con los presidentes y consejeros regionales de Murcia y Andalucía, que han exigido explicaciones por esta decisión "acientífica, fanática y estúpida", ha calificado Andreu.
Sobre la demanda que la Generalitat valenciana ha anunciado en defensa del trasvase, Andreu ha considerado que llega tarde y de "forma tibia" al final de una lucha por el agua en la que "Ximo Puig, Mireia Mollà [consejera de Agricultura] y el resto del Consell se han mantenido de perfil todo el tiempo para proteger su relación con los socialistas y los partidos afines que sostienen la coalición del Gobierno".
Además, ha subrayado que "han delegado la defensa de sus ciudadanos a los técnicos jurídicos de la Generalitat, poniendo en su lugar a funcionarios a librar una batalla política. Los problemas no se solucionan acudiendo a los tribunales por sistema, hay que coger la maleta y subir a Madrid y trabajar por el trasvase", ha concluido Andreu, que ha añadido que "la aprobación del plan de cuenca del Tajo es una doble victoria de Page y un ridículo absoluto del PSOE valenciano".
