La Generalitat aprobará definitivamente el Plan General de Almoradí tras 18 años de tramitación
El planeamiento permitirá liberar un millón de metros cuadrados residenciales y 733.000 para actividades económicas, salva el centro comercial en zona inundable del Saladar y se queda muy lejos de las previsiones iniciales de crecimiento - El visto bueno está previsto en la Comisión Territorial de Urbanismo el 9 de junio
Panorámica del casco urbano de Almoradí rodeado de huerta tradicional / TONY SEVILLA
El Ayuntamiento de Almoradí ha aprobado en un pleno extraordinario este viernes con los votos del equipo de gobierno del PP y Contigo y el rechazo del PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos el documento definitivo del Plan General Estructural de Almoradí.
El de hoy ha sido el tercer pleno en los últimos meses en el que se solicita al Consell la aprobación definitiva. El próximo 9 de junio está prevista una reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo en la que se valide definitivamente el documento tras 18 años de tramitación.
Edificio antiguo del Ayuntamiento de Almoradí / TONY SEVILLA
La alcaldesa María Gómez (PP) había advertido en un escrito remitido la Conselleria de Territorio el 28 de abril pasado que la evaluación ambiental de todo el procedimiento estaba a punto de caducar y sin la aprobación que ahora está prevista habría que reiniciar buena parte de la tramitación.
De ahí se derivó la reunión fijada para principios de junio, que sea cual sea el resultado de las elecciones de mayo, estará integrada por cargos en funciones del actual Consell.
La última frase de esa misiva de la alcaldesa dirigida al director general de Urbanismo era: "Queremos advertir del riesgo de caducidad la Memoria Ambiental, que podría causar, caso de producirse, un daño irreparable para este municipio".
El resultado de casi dos décadas de tramitación es un planeamiento donde la administración autonómica ha puesto en práctica la legislación de Estrategia de Crecimiento Territorial (ETCV) aprobada por el Consell en 2011 con la que se limita, en aplicación de fórmulas matemáticas, hasta dónde puede llegar el crecimiento urbanístico de los municipios en función de variables objetivas como la superficie de suelo ya "sellada" por desarrollos residenciales, la población total y su potencial de crecimiento y la superficie del término municipal.
Crecimiento compacto
En el caso de Almoradí el incremento de suelo residencial será de 1.048.715 metros cuadrados y el destinado a actividades económicas de 733.276 metros cuadrados. Nada que ver con las primeras previsiones del plan, en pleno boom inmobiliario en las que se pretendía reclasificar como urbano de uso residencial buena parte del campo de Almoradí, en especial la zona situada entre Algorfa y Los Montesinos, donde se llegaron a firmar compraventas de fincas multimillonarias.
Coeficiente de flexibilidad
Todavía las cifras finales para suelos residenciales y comerciales-industriales son un 25% más elevadas de lo previsto en la última versión porque la Conselleria ha aceptado aplicar un coeficiente de "flexibilidad" para situaciones extraordinarias pero del que hacen uso los municipios de forma sistemática para apuntalar sus expectativas urbanísticas.
En este caso el Ayuntamiento de Almoradí ha presentado un informe en el que justifica un supuesto aumento de las previsiones de crecimiento poblacional hasta los 25.000 habitantes en 2030 -un 40% más de lo que se fijaba inicialmente en el PGOU y un incremento de los empleos del 23%-. La administración autonómica lo ha aceptado.
La crisis inmobiliaria, las reclamaciones de los grupos conservacionistas como Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y de Izquierda Unida en Almoradí con sus alegaciones para buscar un desarrollo sostenible, y en especial, el cambio de normativa, con la aprobación del ETCV por parte de la entonces consellera Isabel Bonig, ha configurado un planeamiento final ceñido a los crecimientos compactos en torno al casco urbano para descartar urbanizaciones aisladas -que generan beneficios y actividad económica en el momento de ejecutarse pero suponen después un lastre para la gestión de los servicios públicos-.
Centro del casco urbano de Almoradí con zonas peatonalizadas / TONY SEVILLA
El Saladar
Los sucesivos gobiernos del PP durante todo este tiempo - con la excepción un corto gobierno de izquierdas en coalición- han peleado sobre todo por "salvar" la reclasificación de suelo no urbanizable de la huerta tradicional a zona comercial en El Saladar.
Sobre todo porque en la época de mayor crecimiento urbanístico el Ayuntamiento de Almoradí, que llegó a intentar gestionar su PGOU de la mano del municipio vecino de Algorfa, adjudicó a un empresario el desarrollo de esa zona comercial condicionada a la aprobación del Plan General.
Un compromiso municipal por anticipado sobre algo que ha tardado 18 años en hacerse efectivo. Se trata de una zona con un elevado riesgo de inundación y que quedó anegada durante la DANA de 2019 -en algunos puntos bajo dos metros de agua-.
La Generalitat ha validado esta parte del Plan General. No había consenso entre las direcciones generales de Urbanismo que lo autorizaba, y la de Territorio y Paisaje, que no lo ve nada claro e impuesto medidas correctoras: entre otras elevar el terreno sobre el que se instalará la zona comercial y que el agua termine inundando otras zonas. El gobierno local no había informado públicamente sobre la convocatoria de este pleno.
UNA RESPONSABILIDAD DEL PP, SEGÚN IZQUIERDA UNIDA
Para Izquierda Unida de Almoradí "resulta curioso como la alcaldesa presiona a la Conselleria con los plazos de caducidad de la Memoria Ambiental del Plan General y que de producirse sería un daño irreparable para el municipio cuando el PP lleva 18 años tramitando ese plan sin haber mirado en ningún momento por los intereses del pueblo". Y ha salido adelante, según la formación de izquierdas, "gracias a los técnicos municipales y la Conselleria bastante más responsables que el PP. Todos sabemos cuál ha sido el problema que ha arrastrado el PGOU desde hace muchos años: la especulación y el pelotazo urbanístico del sector comercial ZND-TR-1 comprometido por el PP a una empresa privada adjudicándole la condición de urbanizador".
TRAMITACIONES QUE SE ETERNIZAN Y OTRAS PARALIZADAS
Con la aprobación prevista el 9 de junio este PGOU se convertiría en el primero validado por la Generalitat en más de una década en la Vega Baja, en la que otros muchos municipios tienen iniciado el trámite sin concluir como es el caso de Daya Vieja o Los Montesinos, mientras que Orihuela desistió de seguir tramitándolo -porque impedía gestionar a golpe de modificaciones puntuales- y Torrevieja mantiene desde hace cuatro años paralizada la adjudicación de los trabajos y funciona con el Plan General más antiguo de España para una ciudad de su tamaño: se aprobó en 1986.
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