La Fundación CAM reclama a Orihuela una deuda de 206.000 euros

La Fundación CAM ha reclamado al Ayuntamiento de Orihuela una deuda de 206.534 euros (157.973 euros en concepto de rentas impagadas y 48.560 por gastos no abonados). El Consistorio, mientras reformaba su sede en el Palacio Marqués de Arneva, ocupó y usó el edificio multiusos de cinco plantas con auditorio, sala de conferencias, exposiciones, talleres y despachos sito en la calle Loaces, de forma ininterrumpidamente y en virtud de diferentes contratos desde 2019 hasta el 31 de marzo, cuando no renovó el contrato de alquiler con opción a compra. 

La fundación advierte en su escrito al Ayuntamiento de que ha dejado de pagar las rentas correspondientes a las mensualidades de enero a octubre de 2022, así como determinados gastos que, según los diferentes contratos, debe asumir la administración.

A la vista del tiempo transcurrido desde la remisión de las facturas, la fundación interpone la reclamación administrativa extrajudicial, previa a la vía judicial civil, con objeto de obtener el reconocimiento de la cantidad debida, con el fin, dice la entidad, de agilizar el proceso y evitar la vía judicial.

A continuación, el escrito resumen los diferentes contratos: el de 31 de julio de 2019 hasta el 31 de julio de 2020, por una renta anual de 8.000 euros más IVA, asumiendo el Ayuntamiento el pago de los suministros, comunidad e impuestos, del cual no hay cantidades adeudadas; el del 10 de agosto de 2020 hasta el 10 de junio de 2021, por una renta anual de 6.666 euros más IVA, en el que se deben más de 14.000 euros en concepto de gastos. 

Después, se realizó un acuerdo de cesión gratuita temporal desde el 11 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2021, en el que se recoge expresamente que El Ayuntamiento asumirá los gastos de suministros, mantenimientos, comunidad, impuestos, obras y mejoras. Este acuerdo se alcanzó con la voluntad de realizar la compra del edificio, una propuesta que el PP llevó a pleno en varias ocasiones, a través de una modificación de crédito por valor de 3 millones de euros, sin que saliera adelante. De este periodo se adeudan más de 8.000 euros por gastos del segundo semestre de 2021.

Así, se volvió a firmar un contrato de arrendamiento aceptado por el Ayuntamiento por comunicación de 28 de diciembre de 2021, con vigencia desde el 1 de enero de 2022 hasta 31 de octubre de 2022 (para los meses de noviembre y diciembre de 2022 se suscribió nuevo contrato con opción de compra) por una renta mensual de 13.055 euros más IVA. En este punto se deben las mensualidades de enero a octubre y los gastos.

El Ayuntamiento de Orihuela descartó en abril la compra de este edificio en pleno centro del casco urbano oriolano. A finales de marzo los últimos funcionarios municipales que trabajaban en sus dependencias dejaron sus cinco plantas. Se había agotado la prórroga del alquiler entre la administración local y la Fundación sin que el Ayuntamiento, como ya avanzó INFORMACIÓN, mostrara voluntad por ejercer la opción de compra porque requiere de una inversión muy importante para adecuar sus instalaciones. La Fundación CAM tasó el edificio en 2,7 millones de euros. En los informes previos al cambio de gobierno los técnicos sostenían que no había un edificio de similares características ni en centralidad ni superficie que pudiera cubrir la demanda municipal de nuevos espacios.

Sin contrato

Según el equipo de gobierno, "esta deuda de enero a octubre de 2022 se produce porque el gobierno del Partido Popular no había formalizado ningún contrato de alquiler por parte del Ayuntamiento con la Fundación CAM, por lo tanto, estas facturas se encuentran en omisión de la función interventora, tal y como indica el procedimiento administrativo si no existe un contrato para este tipo de situaciones".

Ahora, explican las mismas fuentes, el expediente se trasladará al Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana para que emita el dictamen preceptivo para que se puedan abonar los meses pendientes de pago. 

La alcaldesa Carolina Gracia se reunió en junio de 2022 con responsables de la Fundación CAM, y se puso en marcha el expediente para formalizar un contrato de alquiler. Debido al largo procedimiento que conlleva, se aprobó en noviembre de 2022 e incluía también diciembre. Asimismo, se firmó una prórroga de tres meses. 

En cuanto a la deuda de gastos de 2023, "estamos a la espera de que la entidad emita esas facturas", aseguran. 

"Es nuestra voluntad, como hemos demostrado en este año, solucionar y desbloquear todos los asuntos que heredamos del PP", insisten, al mismo tiempo que subrayan que "una vez más, el PP actuaba de forma habitual contratando servicios sin contrato; ahora, debido a su dejadez y nefasta gestión, estas facturas tanto de alquiler como de gastos han de seguir el procedimiento que marca intervención, cumpliendo la ley y con todas las garantías legales que marca la administración". 

Por último, recuerdan que tras la moción de censura se encontraron con numerosos servicios sin contrato, como por ejemplo con la Asoka, que gestiona el centro de protección animal municipal. "Tuvimos que aprobar reconocimientos extrajudiciales de crédito y regularizar a través de un contrato para que este servicio se pudiera seguir realizando", concluyen.