Investigan el pago municipal en Bigastro de tres millones en las obras de urbanización del D-6

La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en el pago del Ayuntamiento de Bigastro de las cuotas de urbanización de las obras del plan urbanístico D-6. El D-6 es una reclasificación de suelo rústico agrícola a urbano junto al casco urbano aprobada a finales de los años 2000 con capacidad para unas 800 viviendas y que cuenta con unos 80 propietarios. El Ayuntamiento era el responsable de adjudicar las obras de urbanización -aceras, viales, servicios públicos, zonas verdes, iluminación- y cobrar a los vecinos que obtenían el suelo urbano en proporción a la superficie con la que contaran en el plan.

Pleno de 2018

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el Ayuntamiento decidió en 2018 con los votos favorables del equipo de gobierno del PP y del PSOE, en la oposición, a propuesta de la alcaldesa Teresa Belmonte, abonar a la urbanizadora 3.094.690 euros: 2.196.813 como deuda principal, 803.186 de intereses y 94.690 por el cambio del tipo impositivo de IVA. Lo hizo solicitando un crédito de fondos de ordenación del ICO. Pero cinco años después, según la misma denuncia, el municipio no ha llegado a girar al cobro cantidad alguna de los propietarios para recuperar el importe, aunque sí los ha reunido para tramitarlo.

Denuncia de Aurelio Murcia

La denuncia impulsada por el concejal Aurelio Murcia (UNPLC), ahora en la candidatura de Vox, personado en el procedimiento, no solo incide en que el municipio no ha recuperado el importe de los abonos que realizó. También señala que la cantidad que ha recibido la empresa encargada de las obras es supuestamente mayor de la que le correspondía.

Contencioso

La tramitación del abono de esta abultada deuda tiene su origen en la demanda de la constructora que hizo las obras por impago de varias de las certificaciones. Un juzgado de lo Contencioso de Elche reconoció a la empresa el derecho a percibir un principal de 2.196.000 millones. El municipio recurrió ante el TSJCV y esa cifra se rebajó a 1,8 millones. Sin embargo, el gobierno local decidió en 2018 abonar la cantidad completa reconocida en primera instancia. Además ese total incorpora 331.736 euros de una certificación que debería haberse excluido del pago, porque no estaba incluida en la demanda de la empresa, pero también se ha satisfecho.

El acuerdo de pleno en el que se decidió este pago se produjo el 30 junio de 2018. Sin embargo, la alcaldesa Teresa Belmonte (PP) ya había solicitado al ICO el crédito por la cantidad total, reconociendo los intereses y el cambio de IVA, seis meses antes del acuerdo con la empresa en el pleno.

Mejoras

La investigación también recoge que de ese montante no se restó la inversión en mejoras a las que se comprometió la urbanizadora- uno de los motivos por los que fue escogida para realizar las obras por parte del Ayuntamiento-. Porque según una auditoría encargada por el propio municipio en 2013 no se ejecutaron. Estaban valoradas en el pliego en 313.183 euros y contemplaban incremento de la anchura de las aceras, instalación de canalización adicional para telecomunicaciones, dos contenedores soterrados y asfaltado de 10.000 metros cuadrados en el casco urbano.

IVA e intereses

Se señala además que supuestamente sería irregular desde el punto de vista jurídico tanto el cálculo de los intereses -por no fijarse entre el momento de la primera sentencia y el acuerdo del pleno-, como el cambio del tipo del IVA modificado al alza al vigente en 2018 frente al dispuesto cuando se adjudicaron las obras y que supone otro sobrecoste de 94.640 euros. En este sentido el denunciante compara el caso de estos intereses con los que recientemente pagó por otra sentencia que afectaba a un empresario local en la que los intereses sí se calcularon teniendo en cuenta la primera sentencia y no el periodo total de la deuda.

Campaña de 2019

En declaraciones a INFORMACIÓN este jueves el concejal denunciante ha explicado que la operación de abono a través de un crédito público permitió a la alcaldesa resolver tanto la reclamación de la deuda de la empresa -arrastrada durante más de 15 años - y contentar a los propietarios a escasos meses de las elecciones de 2019. Aseguró que a su criterio se debería haber satisfecho el importe a la empresa siempre vinculado a la aportación que fueran realizando los propietarios para saldar el crédito y lamentó la ausencia de documentación, que ha solicitado en reiteradas ocasiones, e informes de los técnicos sobre esta tramitación.