Bigastro lleva al Senado una propuesta para salvar a los ayuntamientos en riesgo financiero

Bigastro fue en 2021 el municipio más endeudado de la Vega Baja, con 15,6 millones y una deuda de 2.230 euros por habitante. Años atrás llegó a estar en quiebra, manteniendo su estela desde 2008 de ser uno de los pueblos más endeudados de España en proporción a su población. En 2011, el Ayuntamiento estuvo a punto de convertirse en el primero de la Comunidad Valenciana en ser intervenido ante una deuda de más de 31 millones de euros (5.000 euros por persona).

Según las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el objetivo es mantener el déficit del conjunto de las administraciones públicas por debajo del 110% de su presupuesto. Sin embargo, esto "ha sido desoídas por el Gobierno de España, y no se han desarrollado las medidas necesarias, de forma que los ayuntamientos con una sostenibilidad económica muy comprometida no encuentran vías de saneamiento", ha manifestado la alcaldesa del municipio, Teresa Belmonte.

El Consell ayuda a sanear las cuentas de Daya Vieja y Bigastro con 223.000 euros

Por ello, el Ayuntamiento ha elaborado un informe que cuantifica el importe total de la deuda que supera ese límite del 110% y ha diseñado una propuesta para ayudar a los consistorios a cumplir con sus obligaciones fiscales y garantizar su viabilidad futura.

El documento revela que son 136 ayuntamientos, sin considerar los ubicados en la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, los que se encuentran con una hacienda local muy comprometida, y confirma que el volumen total de exceso de deuda es de 2.806 millones de euros, y que los ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes acumulan únicamente el 14% del exceso de la deuda (382 millones), cuando representan el 83% de los ayuntamientos afectados.

Así, Bigastro, con una deuda de 9,5 millones de euros, representa el 0,34% del total. Según Belmonte, "el Ayuntamiento de Bigastro cumple desde el año 2018 con todos los parámetros que establece la ley, paga sus facturas en menos de 11 días y no gasta más de lo que ingresa". Además, ha renegociado su deuda por debajo del 50% de las obligaciones que les exigían las entidades financieras por préstamos en mora durante décadas.

Sanear cuentas

En cuanto a las sentencias judiciales por "impago de facturas y convenios urbanísticos irregulares procedentes de la etapa socialista", más de 32 millones de euros se cuantificaron en una auditoría externa encargada en el año 2011 en el que el Partido Popular accedió al gobierno municipal por primera vez desde la democracia. "A día de hoy esa deuda se ha renegociado con éxito y su volumen está por debajo de los 15,6 millones de euros", ha añadido la regidora, que ha asegurado que "las cuentas están en orden".

Asimismo, ha explicado que se han generado más de 10 millones de euros en ahorro, lo que ha permitido pasar de unas pérdidas de casi 8 millones en 2015 a unos beneficios de más de 2 millones en la liquidación del ejercicio 2022.

A pesar de ello, ha continuado Belmonte, "su deuda es del 284,4% de su presupuesto de ingresos corrientes, y su vencimiento a 20 años hace imposible el pago de las cuotas anuales en los próximos años". Esto ha provocado que el Ayuntamiento de Bigastro y la mayoría de los que se encuentran en una situación similar, no hayan podido aprobar un presupuesto para el año 2023.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha impulsado esta medida, que ha presentado a la Comisión de Hacienda del Senado a través del grupo popular, para exigir al Gobierno de España que cumpla con que la Ley de Estabilidad.

La propuesta es que el Gobierno, anualmente, subvencione el equilibrio presupuestario de las entidades afectadas. En este sentido, se apuesta por que se igualen las subvenciones al importe de las amortizaciones a las que tienen que hacer frente las entidades locales identificadas, priorizando a aquellas de hasta 20.000 habitantes.

Así, los ayuntamientos en riesgo financiero serían beneficiarios de las subvenciones de equilibrio hasta el ejercicio en el que amortizara todo el exceso de deuda; es decir, hasta que esta se sitúe en el 110% de los ingresos corrientes.

En palabras de Belmonte, "el objetivo de las subvenciones es contribuir a equilibrar los presupuestos de los ayuntamientos hasta el momento en el que su nivel de deuda se sitúe en el máximo legal". Durante el periodo en el que se perciben las ayudas económicas, las entidades locales desarrollarán los trabajos necesarios para que dicho equilibrio se convierta en permanente y se refuerce en el tiempo.

Todo ello para que "los ayuntamientos que se han esforzado en aplicar la racionalidad a su gestión, como lo es el Ayuntamiento de Bigastro, y que todavía se encuentran en riesgo financiero, tengan una solución definitiva a su problema y se garantice su viabilidad futura y la calidad de vida de sus vecinos", ha concluido.