El Consell le quita a Guardamar el proyecto del primer Centro Integral de Formación Profesional de la Vega Baja

La Conselleria de Educación ha decidido descartar la construcción del Centro de Formación Profesional Integral en el que el Ayuntamiento de Guardamar y el anterior gobierno en la Generalitat trabajaron durante años. De hecho se anunció públicamente la voluntad la administración autonómica de dotar de esta infraestructura a la comarca, con ubicación en Guardamar a principios de 2021, para un proyecto que comenzó a plantearse en 2019.

Infraestructuras educativas

Formalmente, la decisión se ha anunciado por el director general de Infraestructuras Educativas, Rafael Valcárcel como "una suspensión cautelar" de la delegación de competencias que el Ayuntamiento asumió en una decisión plenaria a través del plan Edificant para sacar adelante el proyecto. Y contra la que puede alegar ahora el municipio.

El alcalde José Luis Sáez (PSOE) ha señalado que se trata de una decisión política con un ayuntamiento "no afín" y ha recordado que durante los dos mandatos anteriores del Consell, la Conselleria de Educación ha financiado sin distinción política alguna a todos los municipios de la Vega Baja que han solicitado acogerse al Plan Edificant para mejorar o construir nuevas infraestructuras educativas.

Servicios jurídicos

También ha señalado que no termina de ver claro "quién es el director general" para suspender cautelarmente una decisión como la de asumir las competencias que realiza un pleno. También recordó que los ayuntamientos de Torrevieja y Almoradí, ambos gobernados por los populares, han expresado su interés porque la instalación recayera en sus municipios. Y aseguró que ha puesto en manos de los servicios jurídicos municipales la suspensión cautelar para defender los intereses del municipio, que tiene consignados 400.000 euros durante este ejercicio para adjudicar la redacción del proyecto de ese centro.

Sáez también ha desvelado este martes que en los últimos meses ha sido la Conselleria de Educación la que ha pedido al municipio que renunciara al proyecto para no se visualizara públicamente, como ha ocurrido finalmente, que la decisión la toma unilateralmente la administración autonómica.

Delegación de competencias

La administración autonómica había delegado competencias en el Ayuntamiento de Guardamar para comenzar el expediente de redacción del proyecto y ejecución de la infraestructura el 17 de mayo de 2023 para la construcción de un Centro Integrado de Formación Profesional con 12 ciclos formativos del centro CIPFP La Vega Baixa”.

Sin embargo, tras el cambio político en la jefatura del Consell con el gobierno PP-Vox, el 30 de noviembre de 2023 la actual directora general de Formación Profesional emitió un informe en relación a esta infraestructura, en el que señalaba que a pesar de que puede "ser interesante" la construcción de un Centro Integrado de Formación Profesional en la parte sur de la provincia de Alicante "Guardamar no es estratégicamente, ni en términos de necesidad económica y en posibilidades de empleabilidad del alumnado saliente la localidad adecuada para la creación de un Centro integrado de Formación Profesional y, aún menos, con las familias solicitadas” -expresión esta última escogida por la administración educativa para decir que no hay demanda en el municipio para estas instalaciones de especialización en formación profesional en ciclos poco habituales o vinculados a los sectores productivos de la Vega Baja y de las que carece toda la comarca formada por 27 municipios.

"No procedencia"

El secretario autonómico de Educación solicitó en diciembre que se trasladara al Ayuntamiento de Guardamar del Segura "la no procedencia de la licitación de dicha infraestructura educativa en cuanto no se proceda a la revisión de las necesidades educativas de la comarca y de la localidad". Valcárcel informa al alcalde José Luis Sáez de que "se va a proceder a revisar el contenido y procedencia de la delegación de competencias aprobada, teniendo en cuenta el informe citado -de la dirección general de Formación Profesional- razón por la cual, deberá suspender -el Ayuntamiento- cautelarmente cualquier actuación que se esté desarrollando en ejecución de la misma, en aras de evitar gastos para la Administración que carezcan de la necesaria justificación por motivos de interés público".

La Conselleria de Educación ofrece ahora un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta comunicación, para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. En su resolución cita la legislación que le ampara para revocar la delegación de competencias.