Abril de 2020, en plena escasez de mascarillas la Comunidad de Madrid adjudica un contrato para adquirir este material para Ifema a la empresa, Priviet, propiedad de un amigo de la familia Ayuso, por un millón y medio de euros. Quien intermedia es el hermano de la presidenta. La comisión, 286.000 euros. Ayuso lo admite: "Pregunté a mi hermano quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal, regulado ante Hacienda y declarado". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, advierte que Ayuso ha reconocido hoy mismo "que han existido pagos". Y Génova quiso saber más, Según publican El Mundo y El Confidencial, García Egea con la ayuda de Ángel Carromero, coordinador del alcalde de Madrid, trataron de obtener datos fiscales del hermano de Ayuso usando una empresa municipal y una agencia de detectives, la misma que estuvo tras el espionaje al expresidente Ignacio González. Almeida, que prometió a Ayuso investigar la implicación de su ayuntamiento, no encuentra evidencias. "No disponemos de una prueba ni un indicio de que esto sea así", precisa. Pero esto es lo que dice la agencia de detectives: "A 'Mira detectives' vinieron a contratarle algunas personas vinculadas a alguna empresa en las que gobierna el Partido Popular". Se refiere a la Empresa Municipal de la Vivienda. Les dijo que el encargo era ilegal. Ante estas informaciones, horas después de las palabras del alcalde, Carromero ha dimitido. Un político, amigo de Pablo Casado desde que estaban en las Nuevas Generaciones del PP, protegido de Esperanza Aguirre, y al que siempre acompañó la polémica desde que fuera condenado a cuatro años de cárcel por un homicidio imprudente en Cuba.
