El Ayuntamiento no ha dado licencia a Cemex para que demuela la cementera. Sin embargo, muestra tibieza ante unas contundentes alegaciones presentadas por la mercantil que advierte que excede su cometido conservar los inmuebles protegidos del complejo. Así le ha contestado al Ayuntamiento que incoó una orden de ejecución al considerar que las instalaciones no reúnen las condiciones de salubridad, seguridad, ornato público y decoro, como así lo reflejaba un informe municipal. En su contestación, la mercantil advierte que su obligación de conservar «no va más allá de realizar los trabajos y obras necesarias para mantener unas condiciones imprescindibles de seguridad, pero no de funcionalidad» y apunta que fue el Ayuntamiento «el que instó, promovió y consiguió el cese de la actividad fabril que se desarrollaba desde 1930».

Cemex pone en entredicho la conveniencia de la protección de los inmuebles de su complejo en las alegaciones presentadas, donde expone sus motivos para rechazar llevar a cabo la orden de ejecución que le exige urbanismo para mantener en condiciones los seis edificios que están catalogados porque cree que supera sus competencias. «La conservación de un edificio industrial no va más allá de mantener las dependencias que puedan ser afines, por su utilidad, al desarrollo de una actividad de tal naturaleza, lo que no alcanza a ornamentos o a elementos que no pueden ser usados para esa concreta finalidad», advierte la empresa. «La compañía no pretende huir de un normal cumplimiento de un deber legal, pero sí que no puede pretenderse que deba soportar en exclusiva una pesada carga económica para satisfacer un más que discutible deseo municipal expresado en una desmedida e incomprensible catalogación de edificios», y añade que son unos inmuebles «indebidamente protegidos».

Tibieza municipal

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, en cuyo mandato se protegieron los edificios, ha exigido a la concejala de Urbanismo, Mariló Jordá, de Guanyar, que se mantenga firme ante Cemex y que exija a la multinacional que cumpla con su obligación de mantener en buen estado de conservación los edificios protegidos de la antigua cementera, porque su deterioro es cada vez más evidente».

Cemex pidió hace un año demoler los inmuebles protegidos, algo que acaba de denegarle el tripartito; sin embargo, la mercantil no está ejecutando la orden de Urbanismo de mantener dichos edificios. Y le exigen a Jordá que «no consienta que la empresa ningunee los informes técnicos municipales y que tome todas las medidas a su alcance para evitar la desaparición del elemento más singular de nuestro patrimonio arqueológico».

El grupo popular ha explicado que «llevamos muchos meses alertando del progresivo abandono de los edificios que están incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de San Vicente, por lo que es responsabilidad del equipo de gobierno velar por su conservación y protección, tal como prevé la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano».

«Tanto los expertos en patrimonio como los propios técnicos municipales de Arquitectura y Urbanismo han justificado sobradamente la relevancia de los seis edificios incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, aprobado en la anterior legislatura, por lo que confiamos en que siga prevaleciendo este criterio a pesar de los intentos de la empresa por restar valor a nuestro patrimonio industrial».

El Ayuntamiento encargó en marzo de 2018 un informe a los técnicos municipales sobre el estado de conservación de los edificios protegidos en la antigua cementera tras la exigencia del grupo de la oposición muy sensible ante el deterioro de los inmuebles que advierten, «es perfectamente visible, especialmente en lo que respecta al edificio de oficinas».

Tras ese informe, el Ayuntamiento de San Vicente ha exigido a Cemex que mantenga las instalaciones en las condiciones de salubridad, seguridad, ornato público y decoro previstos en la legislación.

Sin embargo, la multinacional ha alegado contra ese requerimiento, solicitando al Consistorio que contribuya económicamente a su mantenimiento.