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Los Moros y Cristianos reclaman la intervención del Ministerio para reducir el precio de la pólvora

Representantes de 23 poblaciones denuncian en Ontinyent las graves consecuencias para las fiestas

Representantes de entidades festeras de Moros y Cristianos pertenecientes a 23 poblaciones de Alicante, Murcia, Valencia, Cuenca y Albacete se han reunido hoy en Ontinyent para denunciar las graves consecuencias que va a comportar el "desmesurado" precio de la pólvora para los actos de arcabucería. En la cita, a la que también han acudido directivos de la Undef, se ha reclamado la intervención del Ministerio de Interior para solucionar el problema.

"O volvemos a los 32 euros por kilo o se acaba con el monopolio de la empresa distribuidora, pero con precios así no hay disparo. Y si no hay disparo, las Fiestas, que son nuestro principal patrimonio, desaparecen", ha señalado Luis Sivera, presidente de la Junta Central de Fiestas de Villena y uno de los portavoces de la iniciativa impulsada por las localidades afectadas".

Los asistentes a la cita han remarcado que "de no mediar una solución urgente, las consecuencias económicas y sociales serán desastrosas", al tiempo que llaman la atención sobre la relevancia del patrimonio amenazado y el desgarro de consecuencias imprevisibles que semejante pérdida supondría para las poblaciones afectadas.

Un incremento del precio del 300%

El origen de la actual situación, han indicado, se encuentra en las decisiones de la única empresa a la que se le puede adquirir la pólvora, que en apenas diez años ha incrementado el precio en más de un 300%. "Nada de esto hubiese sucedido si en lugar de vernos constreñidos a adquirir pólvora a una sola empresa hubiéramos tenido la oportunidad de dirigirnos a proveedores alternativos", afirma el presidente de la Asociación de Mayordomos de Yecla, José Francisco Puche.

Ante esta situación, piden a la firma que restaure el precio de venta del explosivo a la cantidad inicialmente prevista, en torno a los 32 euros, en lugar de los 48 que se solicitan en la actualidad. También exigen a las autoridades ministeriales que se arbitren las medidas necesarias para hacer posible la concurrencia real y efectiva de un número suficiente de proveedores y que, con carácter urgente, se habiliten soluciones en este sentido.

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