La tensión se mascó y se vivió intensamente en el primer pleno ordinario de septiembre y también el primero del mandato. Lo personal se llevó al plano institucional generando una situación para algunos inédita y para otros sorprendente.
En el turno de preguntas de los vecinos, intervino una persona y a continuación el alcalde, Jesús Villar, impidió que una mujer que levantaba la mano para hacer una pregunta pudiera hacerlo. Era su antigua jefa de gabinete, Paz Castelló, a quien le negó el turno de palabra. Un gesto que toda la oposición ha criticado al considerar que se ha coartado la libertad de expresión de una ciudadana. Todos coinciden que debió dejar que se expresara.
Lo ocurrido es una situación inédita, puesto que desde el mandato anterior se da la palabra a los vecinos en los plenos cuando finaliza el orden del día.
«Cuando usted muestre respeto por el trabajo que desempeñan los trabajadores de este Ayuntamiento, hasta que sus críticas sean políticas y no personales, cuando los trabajadores no se vean amedrentados por usted y les pida disculpas podrá venir y preguntar en este pleno. Mientras tanto no puede usted preguntar», sentenció el alcalde.
Inmediatamente el portavoz de Podemos, David Navarro, advirtió su contrariedad. «Se pactó que los ciudadanos podrían intervenir y le guste más o menos, nadie le puede coartar el derecho de expresión». A lo que el primer edil esgrimió que como presidente del pleno no le permitía preguntar.
Tras ello, el alcalde suspendió la sesión y se produjo una tensa situación en la que su excolaboradora se encaró con él.
El portavoz de Ciudadanos, Pachi Pascual, lamenta que «esta decisión unilateral y arbitraria vulnera tanto el derecho constitucional como el reglamento de Participación Ciudadana».
Para el portavoz del PP, Óscar Lillo, «fue una situación desagradable» condicionada por una situación personal y considera que deben solucionarse y no dirimirse en un pleno. A su vez, lamenta que «no le dio la oportunidad de expresarse dentro de unas normas».
El portavoz de Vox Adrián García señala que van a pedir explicaciones en la junta de portavoces «porque hace cuatro años se abrió al público el pleno». «Es una restricción de la libertad de expresión. Yo no sabía quién era ella o si tienen problemas personales».
Ramon Leyda de Compromís lamenta el «altercado», que considera que se podría haber ahorrado «reuniéndose antes con ella».
El alcalde aseguró ayer que «los vecinos seguirán interviniendo en los plenos» y explica que llamó a los dos vecinos que no pudieron hacer su pregunta «para pedirles perdón».
