La puesta en funcionamiento de la desalinizadora de Mutxamel va a suponer que en los próximos 40 años se repercutan en el recibo de El Campello unos 14 millones de euros, para hacer frente a parte de la inversión realizada en su construcción. El alcalde Juanjo Berenguer (PP) ha incluido en el pleno del próximo jueves la modificación del convenio firmado en 2006 con Acuamed por el que se establece esta compensación para poder recibir el agua desalada. Un caudal que hace meses que ya corre por las conducciones campelleras y que ha abierto una gran brecha en el tripatito formado por PP, Cs y Vox. Y es que la formación naranja, que ostenta la concejalía de Servicios, pide aparcar para mejor estudio esta medida, y advierte que votará en contra. Así, los populares necesitan el respaldo de PSOE o Compromís para sacarlo adelante.
La tensión entre populares y Cs es máxima, y este pleno podría tener consecuencias dentro del tripartito, donde las relaciones entre ambos están muy deterioradas. Desde Cs y parte de la oposición piden aplazar la decisión para un mejor estudio y solicitar más informes. Y es que aunque desde el PP se explica que la subida para el 70% de los usuarios no llegaría a 11 euros al año, desde CS la elevan hasta 80 o 90 euros.
Los municipios que reciban el agua desalada tienen que asumir 51,8 millones de los 76,16 que costó la obra. Y pese a que inicialmente estaban El Campello, Alicante, Sant Joan, Mutxamel y San Vicente, estos dos últimos carecen aún de la infraestructura para recibir el agua, y se van a librar, por ahora, de repercutir estos costes. De forma que más de 14 millones se repercutirán en la factura de los campelleros. Y todo al margen de los costes propios de producción del agua desalada, que también son más elevados y que también se verán reflejados en la factura. El Campello podrá recibir 5 de los 18,5 hm3 que puede producir la planta.
El portavoz de Cs y edil de Servicios, Julio Oca, afirmó ayer que «hemos pedido retrasar la decisión como máximo un mes para estudiarlo bien porque hay muchas dudas. En estas condiciones nuestro voto será no. Falta documentación, son necesarios un informe jurídico del secretario y otro de Intervención. La subida en el recibo va a ser de hasta 80 o 90 euros al año y la modificación del convenio empeora lo firmado en 2006. Este convenio se ha incumplido, no están hechas las obras comprometidas para llevar el agua desalada a la zona norte».
«Responsabilidad institucional»
En cambio el alcalde se limitó a manifestar que «la desaladora pone freno a la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó» y «es responsabilidad institucional. Supone el cumplimiento de un compromiso que adquirimos en 2006», cuando el Ayuntamiento también gobernaba el PP con Berenguer como primer teniente de alcalde. Y todo pese a tratarse de un proyecto del PSOE muy controvertido, que fue muy criticado por los populares en la provincia.
Pero la oposición no lo tiene claro. El edil de EU Pedro Mario Pardo manifestó que «el gobierno lleva más de un año negociando un convenio, sin darnos una sola información. Y ahora pretende que en una semana le firmemos un cheque en blanco para los próximos 40 años. Hay muchos aspectos que no se han tenido en cuenta. Estudiar jurídicamente la vigencia del convenio de 2006 por sus incumplimientos, el elevado coste económico cuando es en El Campello donde se toma el agua y en caso de algún incidente seremos nosotros quienes soportemos el daño ambiental», y ve intereses urbanísticos para garantizar el agua a nuevas urbanizaciones.
El edil de Compromís Benjamí Soler manifestó que «estamos valorando el porqué de las discrepancias de nuevo, dentro del equipo de gobierno. No es comprensible que unos puntos sobre el agua vengan con un dictamen desfavorable del concejal delegado». El edil de Podemos Eric Quiles explicó que «el convenio negociado por el alcalde es un despropósito y condena a los campelleros a asumir un gasto y unas responsabilidades que no son nuestras». Desde Red Eduardo Seva también señaló que «no se ha explicado bien el convenio y surgen muchas dudas». El portavoz del PSOE, Vicent Vaello, se mostró a favor de posponer la decisión para un mejor estudio, mientras que Vox no se pronunció.
