La desaladora de Mutxamel no sale gratis. La empresa estatal Acuamed ha comunicado a los cinco ayuntamientos de l´Alacantí -Alicante, El Campello, Mutxamel, Sant Joan y San Vicente-, que desde mediados del pasado diciembre reciben agua desalada captada en la costa de El Campello, que deberán pagar una parte importante del coste de la planta (entre el 50% y el 65% de los 90 millones de euros) durante los próximos diez años. Una decisión, amparada por la Directiva del Agua de la CE, que repercutirá, si no hay marcha atrás municipal, en los bolsillos de los vecinos. De momento, ningún ayuntamiento se pronuncia oficialmente, pero lo más normal será que la factura se pague vía recibo de los clientes, dada la situación económica de los consistorios, azotados también por la pandemia del covid. En estos momentos, la capacidad de producción de la planta es de 18 hm³ al año que se distribuirán por los cinco municipios de la comarca de l`Alacantí usuarios de la planta. Falta saber qué sucederá con Benidorm, municipio para el que en un principio se diseñó la desaladora, pero que en estos momentos no es usuario, con lo cual deberá solicitar una cantidad anual. De no aceptarse su propuesta, el agua desalada en Mutxamel solo se enviará a la Marina Baixa en circunstancias extraordinarias por falta de agua debido a la sequía.
La puesta en marcha hace dos semanas de la desaladora de Mutxamel ha supuesto un hito para la lucha contra uno de los principales problemas ambientales que sufre la provincia, y que, ha pasado casi desapercibido desde que a finales de los año 80 del siglo XX: la sobreexplotación de los acuíferos y, por lo tanto, el riesgo de contaminación de las bolsas de agua subterránea.
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Acuamed prevé que en un año dejen de extraerse 18 hm³ de agua dulce de los acuíferos del Alto y Medio Vinalopó o, lo que es lo mismo, 50 millones de litros de agua al día, que serán remplazados por caudal desalado. Tras inicio del suministro Alicante (playa de San Juan y Cabo de la Huerta), la planta cuenta ya con todos los clientes posibles los municipios de Sant Joan d`Alacant, San Vicente, El Campello y Mutxamel.
Bruselas exige clausurar acuíferos en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, y sustituir los caudales que se extraían por el agua del Azud de la Marquesa, tras el cambio que se hizo del proyecto para trasladar la toma del agua desde Cortes de Pallás a la desembocadura del río. Un punto donde el agua no es apta para el consumo urbano al estar compuesta por caudales de retorno de los regadíos intensivos de la agricultura de la comarca de la Ribera. La incorporación de la desaladora de Mutxamel ha resuelto el problema en la comarca de l´Alacantí, pero en los municipios del Vinalopó se deberá suministrar agua de los pozos.
Europa obliga a que los usuarios del agua paguen las infraestructuras La directiva marco del agua obliga a que los usuarios paguen el agua y las infraestructura, pero no siempre ha sido así en España
La desaladora se incorporó hace dos años como complemento al trasvase Júcar-Vinalopó pero, de momento, no hay posibilidad de enviar caudales desalados para riego porque, además, el Instituto Interuniversitario de Geografía viene denunciando desde hace años el riesgo de consumir un agua del Júcar en la que periódicamente aparecen restos de pesticidas. Sin embargo, la sequía y la falta de recursos hídricos provocan que los regantes claudicaran y buscaran una mejor solución para garantizarse que los ayuntamientos contribuyan a pagar la factura del trasvase. La desaladora es una opción pero habrá que buscar otras fuentes hasta alcanzar los 30 hm3 prometidos, ampliándola y conectándola posteriormente con el Vinalopó. Algo que, expertos consultados por el periódico consideran, sin embargo, inviable desde el punto de vista económico.
Por otro lado, el senador de Compromís, Carles Mulet, presentará en el Senado una propuesta para reclamar al Gobierno que actúe para reparar la balsa de San Diego y la exención de los costes de amortización del Júcar Vinalopó, tras el rechazo del Gobierno PSOE-UP y sus socios a la enmienda de la coalición que reclamaba una partida de 23,8 millones de euros para reparar la balsa, una obra básica del trasvase Júcar-Vinalopó. Las fugas se detectaron en 2016 pero cinco años después el embalse sigue seco y no se ha aprobado el proyecto para su reparación.
