Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron el lunes en el Ayuntamiento de Xixona para recabar documentación relacionada con el caso Azud II por el que han sido detenidos la exalcaldesa Rosa Verdú (PP) y su exprimer teniente de alcalde Francisco Domenech (PP). Los efectivos del Instituto Armado acudieron con una orden judicial para la entrega de una serie de documentación urbanística que figuraba en el requerimiento judicial, según han informado fuentes cercanas a la investigación.
El contenido de la documentación que se ha requerido al Consistorio y que fue entregada el lunes se desconoce, aunque se supone que entre ella debe figurar la relativa al Plan de Actuación Integrada (PAI) El Espartal, que presentó en 2005 el empresario Jaime María Febrer, detenido como presunto auspiciador de la trama que investiga la Guardia Civil dentro de la operación Azud iniciada en València. Aquel proyecto, que tumbaron los tribunales tras una denuncia por irregularidades del PSOE, entonces en la oposición, contemplaba la construcción de 5.400 viviendas, un campo de golf, tres hoteles y un polígono industrial sobre 7,2 millones de m2. Domenech tenía terrenos en el PAI, mientras que Verdú también poseía una parcela justo al lado, y otro edil de aquel equipo de gobierno de PP y PCIX tenía una parcela en el centro del PAI aunque no se veía afectada por el mismo, al quedar al margen.
El dispositivo de la Benemérita en Xixona pasó desapercibido, ya que los agentes acudieron de paisano. La Guardia Civil investiga con esta operación iniciada en València una supuesta trama de mordidas urbanísticas. La investigación de la UCO apunta a que la trama urbanística cobró comisiones de empresas «estatales y locales», y la operación suma ya cerca de medio centenar de investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, saldándose de momento con 46 registros.
Verdú ha quedado en libertad con cargos al igual de Domenech, presenta un delicado estado de salud, y ambos han sido expedientados por el PP por esta operación. La política popular fue alcaldesa de Xixona entre 1995 y 1996, y entre 1999 y 2007, y la época por la que está siendo investigada es por su última etapa, entre 2003 y 2007. Precisamente bajo su mandato, sobre todo en su recta final, en la localidad se presentaron hasta cinco grandes proyectos de macrourbanizaciones que sumaban 15.000 viviendas. El PSOE alertó entonces de su gran impacto y en concreto, en el de El Espartal, de graves irregularidades, denunciando los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción. Solo se llegó a aprobar un plan de 2.300 casas en El Vergeret- que aún no se ha desarrollado-, frustrándose el resto por la movilización ciudadana, el rechazo de la oposición, por los tribunales -en el caso de El Espartal-, por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y por el cambio de gobierno, ya que el PSOE entró en la Alcaldía en 2007.
Promotor valenciano
El don de la ubicuidad del promotor Jaime María Febrer para participar en importantes operaciones de gestión de suelo también le permitió hacer negocio con la resolución de un problema urbanístico-judicial enquistado durante casi veinte años en el Ayuntamiento de València.
Febrer está considerado el eje central sobre el que pivota parte de la trama supuestamente corrupta que se investiga en la Operación Azud II. Desde la madrugada del domingo está ingresado en el centro penitenciario de Picassent, junto al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, el exportavoz socialista municipal, Rafael Rubio, y dos empresarios más.
Una de las operaciones urbanísticas bajo la lupa de los investigadores del caso Azud -y por la que preguntaron a los detenidos el sábado- es la negociación de varias promotoras con diez centros educativos privados -nueve de ellos religiosos- a los que el Ayuntamiento de València debía pagar una deuda de 31 millones de euros.
El conflicto se remonta a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València de 1988, que calificó como «equipamientos públicos» las parcelas de los centros educativos, fueran públicos o privados. Diez centros escolares decidieron emprender una batalla legal en la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) les dio la razón en 1993.
La sentencia, ratificada por el Supremo en 1999, reconocía que los colegios tenían derecho a ser indemnizados por la edificabilidad futurible (como sus vecinos de manzana) que perdían al ser calificadas como equipamiento público las parcelas que ocupaban en zonas privilegiadas de la ciudad. Entre los litigantes se encontraban el Instituto de los Hermanos Maristas, las Religiosas de Jesús y María, el Instituto de la Santísima Trinidad, el Pío XII, Sacerdotes Operarios Diocesanos de San Vicente de Paúl, Dominicos, Esclavas, Escolapios y la Escuela de Artesanos.
La resolución a este conflicto entre los centros privados y el Ayuntamiento de València no llegó hasta 2007. La falta de liquidez del consistorio dirigido entonces por Rita Barberá y con Alfonso Grau al frente de Grandes Proyectos propició que fueran varias promotores quienes pagaran la deuda de 31 millones a los centros privados a cambio de solares recalificados para construir viviendas de renta libre, a pesar de que el suelo municipal sólo se podía destinar a viviendas de protección oficial.
