El recibo del agua a partir de este mes de junio se va a disparar en El Campello para asumir los costes de construcción de la desaladora de Mutxamel. Y todo pese a que no va a llegar ni una gota de caudal desalado... al menos por ahora. El último intento del alcalde, Juanjo Berenguer (PP), ya fuera de plazo para que algún otro partido, en especial su socio de gobierno Cs o el PSOE, aceptara el ultimátum del Ministerio para la Transición Ecológica, fracasó este lunes para poder aprobar la adenda al convenio de 2006 por la que se aumenta de 25 a 40 años el plazo para repercutir los costes, además de implementar tarifas transitorias para escalonar la subida. Y esto aboca a una situación paradójica en la que el municipio va a empezar a abonar los 14 millones que le corresponden por la construcción de la planta, sin que vaya a beneficiarse de sus caudales.
El alcalde volvió este lunes, por tercera vez, a llevar a técnicos de Acuamed y del gestor del agua de El Campello, Aguas Municipalizadas de Alicante (Amaem) a la comisión informativa, en un último intento para ver si alguien modificaba su posicionamiento, sin éxito.
El municipio se expone además a sanciones de la Confederación del Júcar por seguir abasteciéndose de los acuíferos del Vinalopó
El PP y Vox insisten en que el municipio está obligado a cumplir con lo aprobado hace 15 años, cuando se firmó el convenio con la sociedad estatal Acuamed para la financiación de la desaladora y el suministro de caudales, y que entra ahora en vigor. Y Cs, socio de gobierno de ambos y cuya postura ha evidenciado una enorme crisis interna, junto con PSOE, EU, Red y Podemos lo rechazan, por falta de información y por considerar inasumible el coste que ya estipulaba el convenio de 2006, que fue refrendado en su día gracias a los votos de PP y PSOE.
A su vez, este rechazo a la adenda y a la modificación de las tarifas comporta que el municipio no pueda recibir agua desalada, una petición de suministro que recordó ayer el alcalde es potestad del pleno. Así, el municipio seguirá sin recibir estos caudales, que por otra parte son más caros de por sí que los actuales por los costes de producción, pero tendrá que repercutir de todas formas esos 14 millones en el recibo a los campelleros los próximos 25 años.
De haberse aprobado la adenda, la tarifa habría aumentado durante los primeros seis meses en un 6,9%, y en los siguientes seis meses otros 6,9%, hasta situarse en cerca de un 14% más de lo que se abona actualmente, según alertó ayer EU. Lo que no ha trascendido es cuánto va a subir la tarifa ya en junio para amortizar el coste de la desaladora, aunque será también significativa.
Además, El Campello se expone a la apertura por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de un expediente por incumplir los dos requerimientos que ya ha recibido para dejar de abastecerse de los sobreexplotados acuíferos del Vinalopó y conectarse a la desaladora. El alcalde explicó este lunes que el suministro de agua desalada lo debe aprobar el pleno, algo que ya fue rechazado por el mismo en marzo al haber contado solo con los votos favorables de PP y Vox. Y agregó que cuando vuelva la CHJ a requerir a El Campello por ello, los que han tumbado la medida «deberían dar entonces explicaciones».
«Callejón sin salida»
El portavoz de Cs, Julio Oca, explicó que «estamos en un callejón sin salida, en el que hoy se ha hecho lo que se tenía que haber estado trabajando desde que nos llegó la notificación de CHJ hace ya más de año y medio. Nos dan a elegir entre el convenio de 2006, que es nefasto, o la adenda del 2020 que es peor, pero la diferencia es que van a subir las tarifas poco a poco. Y todo por la obligación de la CHJ de poner en marcha la desalinizadora más por criterios políticos que técnicos».
Compromís, que se abstuvo en el pleno, lamentó la «irresponsabilidad» del tripartito por no llegar a un acuerdo en un tema tan trascendental para los vecinos como el agua. EU apuntó a los problemas internos entre PP y Cs como el causante de que en año y medio no hayan resuelto este problema, calificándolo de «desgobierno» y recordando que el agua es un bien básico para las personas y que no se puede encarecer así.
El PSOE ha insistido en la falta de información e improvisación del tripartito, Podemos alerta de que el convenio se ha incumplido en muchas cosas y poco mejora la adenda, reclamando una moratoria para renegociar. Y Red no entiende que los costes de las desaladoras se tengan que repercutir a los ciudadanos.
