El Plan Confianza impulsado en 2009 por la Generalitat, también denominado Plan Camps, para hacer frente a la crisis económica emulando el Plan Zapatero, sigue coleando en El Campello. No solo continúa sin abrirse la piscina climatizada en la que se invirtieron cinco millones de euros, sino que además el Consell adeuda al Ayuntamiento casi 800.000 euros por esta obra, debido a la sentencia favorable a la primera constructora del complejo, Esclapés e Hijos, que en 2013 renunció al contrato por los impagos de la Generalitat, que financió la obra.
El alcalde Juanjo Berenguer (PP) ha firmado un decreto esta semana para la interposición de una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat, para el pago de 785.177,66 euros, «más los intereses oportunos», «por las cantidades abonadas con cargo al presupuesto municipal para la construcción de la piscina municipal cubierta, cuyo pago no tiene el Ayuntamiento el deber de soportar por constituir una obligación de la Generalitat Valenciana».
El pasado año el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) condenó al Ayuntamiento de El Campello a pagar 746.553,89 euros más por la piscina, tras el contencioso interpuesto por la primera adjudicataria. Eso sí, el TSJ rebajó la cifra establecida en primera instancia tras el recurso presentado ante este tribunal, ya que inicialmente era de 940.000 euros para la empresa que inició la construcción de esta obra que costó 5 millones, y que finalmente se ha elevado a 5,8 millones por orden judicial.
El TSJ recordó que los tribunales ya habían fallado que la resolución del contrato era solo imputable a la administración, debido a los impagos por parte del Consell sobre esta obra. Y por ello no cabe indemnización para el Consistorio por la renuncia a seguir con la obra en 2013.
El Consistorio abonó este dinero el año pasado tras no ser admitido su recurso de casación por parte del Tribunal Supremo, estableciendo el juzgado de primera instancia los intereses a pagar en 38.627,77 euros, que también fueron devengados.
Ahora, en virtud del convenio firmado en 2009 entre la Generalitat y el Ayuntamiento para la ejecución de esta obra, El Campello reclama el pago de este dinero extra como consecuencia de la sentencia, dado que establecía que «el reconocimiento de la obligación y pago de las certificaciones será efectuado por los órganos correspondientes de la Generalitat», según el decreto al que ha tenido acceso INFORMACIÓN.
En cuando a la apertura de esta instalación, que lleva terminada desde 2016, se ha producido un nuevo retraso en la tramitación para sacar a concurso su explotación, ya que es necesario modificar ahora el Proyecto de Explotación antes de su salida a adjudicación. La renuncia de Esclapés fue solo el primer contratiempo de un proyecto que sigue sin abrir sus puertas más de 11 años después del inicio de los trabajos.
