Era pan para hoy y hambre para mañana. Y en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig lo sabían y temían el momento, que ya ha llegado. El equipo de gobierno ha desalojado ya a dos de las cuatro familias que ocupan desde septiembre una vivienda social de emergencia. Ya han pasado los seis meses estipulados por el Ayuntamiento para mejorar su situación y poder encontrar una vivienda de alquiler. Ninguna de las cuatro ha mejorado su situación, pero se tienen que ir.
Desde Servicios Sociales aseguran que dos de las familias ya han abandonado las casas puesto que el plazo para desocuparlas era este lunes, mientras que otras dos han alegado y han pedido una prórroga de otros seis meses porque aseguran que no cuentan con recursos para irse a otra vivienda.
Pero también tendrán que marcharse, puesto que el Ayuntamiento ha emitido una resolución desfavorable a ambas peticiones de prorrogar la estancia seis meses más, como contempla la ordenanza creada para regular la ocupación y el uso de las viviendas sociales de San Vicente.
Las casas municipales de San Vicente ofrecen un alojamiento provisional y gratuito, en el que se incluyen todos los gastos de luz, agua y comunidad, a personas con una importante necesidad de disponer de una vivienda de forma urgente. Así lo indica la ordenanza.
Por el momento el Ayuntamiento dispone de seis viviendas, las cuatro ocupadas para estos casos y otras dos reservadas a emergencia social sobrevenida y urgente. Y tiene previsto seguir comprando, y de hecho, para dos de ellas ya hay dinero del presupuesto de 2021 que ya está comprometido, según explica el alcalde y concejal de Urbanismo, Jesús Villar.
De las cuatro familias que ocupaban y todavía viven en las casas, solo una está compuesta por una pareja, el resto vive con menores, una con dos hijos y otras es una familia numerosa con tres niños.
La concejal de Bienestar Social, Isabel Candela, reconoce que en estos momentos no se da una situación "excepcional para prorrogar la estancia de ninguna de ellas. "Han tenido seis meses para poder gestionar. Ahora mismo tienen la misma situación que tenían cuando empezaron. Y vamos a gestionar ayudas para su itinerario social y seguiremos apoyándolas".
La concejal explica que deben replantearse cómo gestionar estas casas y admite que "lo tenemos que resolver de otra forma". "Hay muchas familias que necesitan ese respiro de seis meses, y ahora mismo ninguna de las que sale está en riesgo de exclusión, tienen otras opciones habitacionales", añade. Candela advierte que las familias son conscientes de que contaban con un recurso temporal. Estas "no son viviendas para toda la vida, ni para 1 o 2 años" a la par que reconoce que "seis meses pasan muy rápidos".
La edil explica que los trabajadores sociales han hecho un informe sobre la petición de prórroga realizada por dos de las familias, y explica que se deniega porque se acredita que las familias no están en riesgo de exclusión. Candela indica que deben abandonar las casas porque disponen de una red familiar a la que acudir o unos recursos básicos. Y porque existe una lista de espera de más de 30 familias con las mismas necesidades "que también tienen derecho".
La responsable de los Servicios Sociales asegura que se les va a seguir dando cobertura para ayudarles en sus primeros pasos. Y lamenta que poco ayuda que San Vicente sea un municipio con alquileres elevados; a la vez que adelanta que entre las ayudas que se van a entregar se contemplan para la fianza de una vivienda en alquiler.
Una situación "gravísima"
El jefe de los Servicios Sociales, Marino Martínez, explica que "sabíamos que este problema iba a ocurrir porque el tiempo no arregla situaciones sociales complejas" y corrobora que es necesario seguir ayudando a las personas que se encuentran en la lista de espera. "Son cuatro situaciones sociales complejas y en seis meses no han podido resolver su situación. Sabíamos que este programa es duro en cuanto al desgaste emocional, porque hay que dar paso a otras cuatro familias. Este recurso no es un parque de viviendas sociales y la situación actual es gravísima".
La falta de personal en este área tan sensible sale a relucir. El jefe del área advierte que "la dinámica de la exclusión social necesita tiempo y recursos, y tenemos una gran escasez de recursos humanos en Servicios Sociales. Tenemos una plantilla insuficiente para cumplir lo que marca el contrato programa".
El área de Bienestar Social cuenta con 20 trabajadores "que ya están cansados y extenuados por la complicada situación actual, con niveles de exclusión altísimos", remarca Martínez. Mientras que el Consell indica que San Vicente necesitan una veintena más. Una cifra que la concejal confía en ir completando poco a poco gracias a la incorporación de la nueva responsable de Recursos Humanos que va a trabajar en ello.
Por su parte, el alcalde, Jesús Villar, también tenía miedo a que llegara este momento. Y cree que es duro que las familias no hayan podido solucionar sus problemas y sigan teniendo necesidades de ayuda social. Incide que "no son casas de habitacionalidad permanente" y reconoce que "es duro para las familias que el Ayuntamiento les diga que tienen que salir. Pero cuando entraron sabían las condiciones y hay una lista importante de personas que tienen que acceder".
Hace seis meses el Ayuntamiento anunció la entrega de las llaves de las cuatro viviendas, después de un periplo de años para la compra y posteriormente las gestiones para poder entregarlas. Ahora, la segunda parte, ha sido el tener que desalojar a esas mismas familias porque ya se ha cumplido el plazo que tenían para estar en ellas.
El PP quiere saber qué postura adoptará el equipo de gobierno
Sobre las prórrogas que han pedido dos de las familias, el grupo municipal del Partido Popular quiere saber qué va a hacer el equipo de gobierno.
“Se ha cumplido ya el plazo de los seis meses para los que se concedieron estas viviendas de emergencia social” afirma la concejal Popular, Lourdes Galiana “tenemos conocimiento de solicitudes de prórrogas por partes de concesionarios de estas viviendas, que han sido denegadas, y de la existencia de una larga lista de solicitantes en similares circunstancias que los primeros adjudicatarios, que están a la espera de que éstas queden libres para poder acceder a ellas. Y recordemos que se otorgan por circunstancias de necesidad y urgencia, por lo que no pueden esperar, ni prolongarse los trámites en el tiempo”.
El Partido Popular se pregunta cuál va a ser la postura a tomar por parte del Ayuntamiento ante estas solicitudes de prórrogas, y cual es el procedimiento de actuación ante el vencimiento de los plazos de ocupación de estas viviendas. “Nos preocupa tanto la incertidumbre de los actuales ocupantes, que pueden verse en la circunstancia de tener que abandonar la vivienda, tanto como de inscritos en la lista de espera existente y que estaban pendientes del cumplimiento del plazo para poder optar a ellas. Esperamos y solicitamos que el Ayuntamiento sea ágil en los trámites. Ya se tardó más de lo necesario con la compra de viviendas y la elaboración de la ordenanza reguladora para su adjudicación y uso” señala la Popular.
Compra de casas
Los Populares recuerdan que hace casi dos años que se firmó el convenio de tanteo y retracto que iba a permitir un mayor acceso a la compra de viviendas sociales. Y de hecho, en los pactos entre los grupos del equipo de gobierno se incidía en la compra de viviendas destinadas a este fin, "pero a día de hoy, no tenemos constancia de que se hayan comprado nuevas viviendas, más allá de las adquiridas anteriormente. Lo que vuelve a poner de manifiesto la permanente parálisis de este equipo de gobierno y la nefasta gestión municipal”, lamenta la concejal.
