San Vicente del Raspeig debe devolver algo más de 300.000 euros de una subvención de servicios sociales por falta de justificación. Se trata de ayudas que otorga la Conselleria y que San Vicente tiene que devolver parcialmente al no poder no justificar el desarrollo de estos programas.
El Ayuntamiento figura en la línea de ayudas a los servicios sociales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con una subvención de 1.085.620 euros. Sin embargo, esta ayuda se reduce hasta los 741.838 euros porque el consistorio tiene que devolver los 343.781 euros que no puede justificar, fundamentalmente porque no tiene el personal con el que cubrir esos servicios.
El consistorio no ha podido realizar las contrataciones que tiene contempladas en el contrato-programa de servicios sociales y ello se traduce en no poder desarrollar programas como el Servicio de Ayuda a Domicilio para dependencia con una dotación de 100.000 euros; o la prevención e intervención con las familias, dotado con algo más de 5.400 euros; o el servicio de acción comunitaria, que supone 4.400 euros. La mayor parte de la subvención que se devuelve es por no contar con el personal necesario, trabajadores sociales, psicólogos-pedagogos, asesores jurídicos, personal de apoyo administrativo, técnicos de integración social y educadores, y un agente de igualdad, todos suponen 228.000 euros.
El área de Bienestar Social que dirige Isabel Candela ha justificado en su totalidad los más de 592.000 euros de subvención para el equipo de atención primaria básica. Entre otros, también ha justificado el servicio de acogida y atención ante situaciones de necesidad social, con un coste de 78.000 euros.
Trabajadores ya contemplados
La concejala advierte de que la ayuda que ha de devolverse corresponde al ejercicio de 2021 y recuerda que este año se ha logrado incluir en la relación de puestos de trabajo a esos 18 trabajadores imprescindibles para poder desarrollar los distintos programas. "La Conselleria tiene que entender que los ayuntamientos hacemos las cosas despacito. No puede haber personal de hoy para mañana, esto es del 2021 cuando no podíamos contratar", explica Candela. Y recuerda que desde mayo el Ayuntamiento ya tiene incluida en su relación de puestos de trabajo (RPT) los 18 trabajadores de servicios sociales nuevos para poder asumir los programas que contempla la Conselleria de Servicios Sociales.
El concejal de Recursos Humanos y alcalde, Jesús Villar, explica que estas nuevas plazas no saldrán hasta que se publique la oferta de empleo público en el 2023, por lo que el Ayuntamiento ha buscado de nuevo una fórmula para poder contratar de forma temporal a personal. De nuevo se están haciendo convenios con ayuntamientos para compartir bolsas de trabajo de todos los perfiles que se necesitan, salvo de trabajadores sociales, que es la bolsa que sí tiene el consistorio sanvicentero. Villar explica que desde el 1 de julo se han incorporado 2 trabajadoras sociales para cubrir vacantes y otras tres trabajadoras sociales se han unido este verano para cubrir puestos por acumulación de tareas, y cesarán el 31 de diciembre.
El paso más importante
El alcalde incide que el paso más importante ya se ha dado, al incorporar los nuevos puestos en la plantilla. Cubrir las plazas cuando salgan será otro de los fundamentales. El tener que devolver parte de la subvención "es algo que ya sabíamos porque nos dan el 100% de las plazas y todas las que no están ocupadas hay que devolverlas". El primer edil reconoce que la situación "no es la deseable". Y confía que con el refuerzo temporal se puedan sacar adelante los programas y el próximo año no sea necesario tener que devolver un montante tan alto.
En la oposición, el grupo municipal Popular, incide en la precaria situación en la que se encuentran los servicios sociales sanvicenteros. Y advierten de que ello se traduce en que los vecinos no reciben todos los recursos a los que tienen derecho. Unos trabajadores que ya denunciaron el pasado marzo la situación a la que tienen que enfrentarse en su trabajo, fundamentalmente por la falta de más empleados. "El Síndic tuvo que intervenir de oficio. Y el equipo de gobierno no da solución. Y no nos consta que se hayan incorporado 18 trabajadores previstos en el contrato-programa", declara Óscar Lillo. El portavoz del PP recrimina que ahora se devuelve una importante cantidad económico de Bienestar Social "porque no se ha podido justificar, porque no se ha realizado el servicio que se tiene que prestar", critica. "Servicios Sociales está en situación precaria y el Ayuntamiento no se mueve", añade.
El Campello devuelve 40.000 euros de dos subvenciones
La concejala de Bienestar Social por su parte, advierte de que los problemas de San Vicente son comunes a otros municipios. De hecho, también en El Campello ha ocurrido algo similar. El consistorio tiene que devolver dos subvenciones por no poder justificarlas, una de ellas parcialmente, por un lado casi 17.000 euros y por otro 23.000 euros.
En este caso, la voz de alarma la da la concejala de Compromís, Adriana Paredes, quien califica de "gravísimo" que el Ayuntamiento haya tenido que devolver por falta de puesta en marcha y justificación el 100% de la subvención de Conselleria para la atención de enfermos mentales crónicos de 2021 y más de la mitad de la subvención para atención a familias. "Son servicios que afectan directamente al bienestar de las familias campelleras, que mejoraría el día a día de mucha gente y que este equipo de gobierno ha decidido renunciar a ellos", declara.
Paredes reprocha que no se deberían excusar en la pandemia cuando, precisamente, es cuando más falta hacían los servicios sociales. "La excusa en ningún caso puede ser la situación de crisis causada por el Covid-19 como ponen en los informes. Precisamente por la situación de emergencia que ha supuesto el covid se tendrían que haber redoblado los esfuerzos para ayudar a quienes peor lo están pasando, así lo hizo la conselleria subvencionando a los ayuntamientos para que atendieran a sus vecinos de manera suficiente pero esta área nunca ha entrado dentro de las prioridades de este alcalde. La gestión de servicios sociales ha sido indecente desde el inicio de la legislatura, así lo llevamos alertando desde Compromís desde el inicio de legislatura y no tiene visos de cambiar, y el problema es que los perjudicados por esta nefasta gestión no son ellos sino toda la localidad".
