La gestión de los servicios sociales en San Vicente del Raspeig y la desprotección de las personas vulnerables afectadas por la precariedad del servicio le han valido al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig un severo tirón de orejas del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana. Ángel Luna abrió una queja de oficio en abril de 2022 tras la denuncia que hicieron a este diario los propios trabajadores de bienestar social e inició una investigación.
Tras recabar información de las partes y contar con el informe de los propios servicios sociales ha emitido una contundente resolución en la que considera que el Ayuntamiento debería hacer algo más de lo que hace.
Y vuelve a enviarle una reprimenda por ni siquiera contestarle en la segunda reclamación de información que el Defensor del Pueblo Valenciano le ha hecho. Incumplimiento que junto al de las recomendaciones y sugerencias efectuadas anteriormente anuncia que hará público. El pasado mes de junio el Síndic reclamó del Ayuntamiento información para continuar con la investigación abierta, pero ya no recibió respuesta, por lo que va a dejar constancia.
La situación de este departamento esencial por las prestaciones que ofrece a los vecinos es crítica. "Servicios y prestaciones de tanta importancia como la atención a personas en situación de dependencia, personas con insuficiencia económica y necesidades de inserción social y laboral, víctimas de violencia de género, personas menores de edad en situación de riesgo, entre otros, presentan importantes deficiencias en su implantación" remarca el Defensor del Pueblo Valenciano, que aclara que las ha descrito de forma detallada el propio ayuntamiento en su informe.
De hecho, cada viernes desde principios de octubre, la casi veintena de empleados públicos protesta a las puertas del Ayuntamiento con sus camisetas naranja, color utilizado en los movimientos ciudadanos de las mareas para los servicios sociales, advirtiendo a los ciudadanos "que deben saber que tienen derecho a recibir unos servicios sociales que no reciben". Reclaman que se incorporen nuevos empleados que puedan cubrir los huecos que ahora mismo están dejando lagunas en el servicio.
Y en esa línea se manifiesta el Síndic, que apremia al consistorio a "adoptar las medidas necesarias para la urgente solución de la falta de personal en servicios sociales y se asegure el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la firma del contrato programa suscrito con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas".
El Defensor del Pueblo Valenciano recomienda al Ayuntamiento a elaborar un plan de choque integral "que dé respuesta a los déficits actuales en la prestación de los servicios sociales de atención primaria básica y específicos, asegurando el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad".
El Ayuntamiento le envió al Síndic en mayo pasado un informe de la situación de los servicios sociales en el municipio donde reconocía sus graves carencias. Por normativa, debe estar dotado con 41 personas entre personal técnico y administrativo, pero la realidad es que actualmente hay 23 empleados y faltan 18, que ya se están incluido en la relación de puestos de trabajo aprobada en pleno también en mayo. Sin embargo, el propio consistorio admite que incorporarlos es un proceso largo.
Más de un mes para dar cita
Y la demora en la contratación de personal provoca que las esperas para dar cita sean de entre 30 y 40 días, aunque la situación ha llegado a ser peor, puesto que hasta abril llegó a ser de hasta 60 días. Para valorar las personas que piden ser incluidas en los beneficios de la ley de dependencia la cita se dilata entre 9 meses y un año, con más de 400 valoraciones pendientes en mayo. También se ralentizan los trámites de la Renta Valenciana de Inclusión, con más de medio centenar pendientes.
Entre las actividades que los servicios sociales no están desarrollando por falta de personal se encuentran los Planes Personales de Intervención que impiden realizar los itinerarios de inclusión social o la derivación de los usuarios para crearles itinerarios para que encuentren un empleo. Y el propio consistorio reconoce que "se vulnera el derecho a la inclusión social de las personas titulares y beneficiarias".
La atención a los menores en situación de vulnerabilidad y sus familias ha experimentado una bajada de la calidad, la frecuencia es mucho menor y al estar saturadas, se admite que la metodología no es del todo adecuada y no hay una coordinación como debería haber con otros recursos. Se producen citas cada dos o tres semanas, cuando lo adecuado es una frecuenda de una o dos semanas. Y también se ha resentido el programa de atención escolar. Actualmente no hay servicio de absentismo escolar.
Otro de los aspectos donde los servicios sociales reconocen que tampoco llegan como deberían es en cuestiones de violencia de género, donde admiten que están garantizando una atención personalizada a las víctimas.
Tras recibir el listado de servicios que bienestar social de San Vicente no puede prestar o está dando pero de forma precaria, el Síndic emitió un nuevo informe requiriendo al Ayuntamiento las medidas urgentes y extraordinarias que preveía adoptar para dar respuesta a estos problemas y que afecta a los colectivos más vulnerables del municipio. Pero el silencio ha sido la única respuesta recibida, incluso tras haberlo pedido por teléfono en varias ocasiones.
El Síndic también se dirigió a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La entidad y el Ayuntamiento firmaron el contrato programa el 18 de noviembre de 2021 con vigencia desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2024 y la entidad enumera los distintos contactos mantenidos con el Ayuntamiento. Y expresan que ya en mayo de 2021 representantes político y técnicos del Ayuntamiento manifestario objeciones para la implantación de las ratios de peronal de la atención primaria aludiendo a las limitaciones en los gastos de personal y la tasa de reposición.
El Síndic indica que la administración autonómica, además de la fórmula del contrato programa, ha ido introduciendo instrucciones y circulares, para facilitar a los ayuntamientos el efectivo cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la firma del contrato programa. Especialmente en lo relativo a las posibles dificultades en materia de contratación de personal. Y advierte de que cuando el consistrio lo suscribió, lo hizo con el compromiso de contar con el crédito suficiente para acometer las contrataciones.
"No nos sentimos respaldados durante el covid"
El desencuentro entre el Ayuntamiento de San Vicente y los servicios sociales se hace cada vez mayor. No ha gustado desde un primer momento que los trabajadores hayan salido a protestar, lo que está generando tensiones. Cada viernes los funcionarios hacen un paro de media hora frente al consistorio en señal de protesta ante la falta de los 18 trabajadores que faltan para cubrir la plantilla. Y han estallado por el próximo homenaje a las víctimas del covid.
La protesta de los trabajadores de los servicios sociales sanvicenteros está siendo secundada por otros empleados municipales que se están uniendo a la reivindicación de los viernes, y esta semana además otros dos sindicatos les han respaldado. También ha acudido directores de colegios puesto que la falta de personal está afectándoles. No se desarrolla el programa de absentismo escolar, ni se atienden los casos de conflictividad en los colegios o problemas con las familias. "Ahora mismo estamos a la mitad de los servicios mínimos", alerta el jefe de servicio de Bienestar Social, Marino Martínez.
"No se han producido cambios", añade, y advierte de que se da la paradoja de que el próximo sábado 26 en el parque Lo Torrent hay un homenaje a las víctimas del covid "al que no podemos ir, porque no nos hemos sentido respaldados ni apoyados en el trabajo que hicimos durante la pandemia. Ahora no es de recibo que vengan con este homenaje. Nosotros pedimos una gratificación porque hicimos muchas horas de trabajo, ni tan siquiera se contestó ni se nos dio nada". El jefe de los servicios sociales reprocha que además se ha programado en un día en el que el departamento tiene programado el acto central de los actos del 25N a la misma hora.
"Dejémonos de reconocimientos, se trata de cumplir la ley. No pedimos reconocimientos ni más salarios, pedimos que se cumpla la ley, por favor, no es digno tener ya a 200 personas en lista de espera. Queremos que la gente entienda que nos ofende, no es oportuno ni se ha hablado con nosotros ni se nos ha reconocido".
Muy crítico y enfadado, Marino Martínez recuerda que hay dinero en el Ayuntamiento "pero se están dejando pasar los meses. Ahora no es cuestión de poner una medallita a los servicios sociales para que nos callemos. Por unanimidad mi equipo ha dicho que no".
"No podemos atender a la gente como nos gustaría", termina el jefe de los servicios sociales.
