Reabre el centro de drogodependientes de Sant Joan que el Ayuntamiento cerró el lunes

Repentino giro de los acontecimientos. El centro de Sant Joan que da servicio a personas drogodependientes ha reabierto sus puertas después de que el espacio fuera clausurado por la Policía Local este lunes. Poco más de 24 horas después de que se produjera el embargo, los agentes han realizado el procedimiento inverso y han retirado las cintas que impedían el acceso al inmueble. Se trata de una "medida cautelarísima" que anula el cierre de la instalación, que fue ordenado por carecer el negocio de una licencia ambiental, según se precisa en el acta de desprecinto a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN.

Manuel Palma, gerente del espacio, ha aprovechado la ocasión para recordar que "somos un centro autorizado y registrado" por la conselleria de Sanidad. En este sentido, el responsable del centro ha confirmado que los pacientes, que habían sido derivados a otro lugar propiedad de la empresa, ya pueden regresar a la vivienda donde hasta hace unos días permanecían alojados como internos. Eso sí, "la empresa no puede volver a presentar actividad si no tiene licencia", especifican fuentes del equipo de gobierno, que ya informaron que efectuarían un "seguimiento exhaustivo" y que recuerdan que "la Policía permite el acceso a las instalaciones precintadas, pero no conceden ningún permiso".

Vecinos "indefensos"

El inmueble en cuestión se ubica en La Font, una zona residencial, alejada del núcleo urbano y compuesta de chalets, donde se está convirtiendo en un foco de polémica que se está avivando. Sin ir más lejos, los residentes ya han reaccionado a la noticia de la reapertura y lamentan que "nos van a seguir poniendo en riesgo". "Nos sentimos indefensos", afirman quienes viven cerca de un centro donde se alojan personas que "no son aptas para vivir en sociedad". 

Precintan un centro terapéutico para drogodependientes en Sant Joan

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En esas contundentes palabras se expresan varios vecinos, que narran algunas de las situaciones que han vivido. Especialmente problemática fue la ocurrida semanas atrás cuando un individuo, ajeno al centro y "que vino a ver las instalaciones", matizan desde la dirección, "entró en brote psicótico" y causó daños en una puerta. Esa es la versión que dan desde el centro y que se ajusta a lo que afirman los vecinos, que exponen que este sujeto reventó la cerradura de una vivienda a la que trató de acceder, y no cejó en sus intenciones hasta que fue reducido.

Pese a esta desagradable experiencia, el gerente del establecimiento se muestra convencido de que "aquí lo que hacen es prejuzgar y dar por hecho que son malas influencias y malas compañías". "Los adictos siguen viviendo el estigma social", clama Palma, que menciona que "en cualquier comunidad en Estados Unidos a los centros terapéuticos los propios vecinos les apoyan y realizan campañas para colaborar y proporcionar fondos para esta labor tan compleja que es ayudar a desintoxicar a las personas".

Los vecinos consideran como "palabrería" estas declaraciones y afirman que por quien más pena sienten es por los internos, que a su juicio, no están en un centro en condiciones. Aunque tengan la licencia de Sanidad, "sin el permiso del Ayuntamiento, pueden decir misa", exponen algunos residentes. De hecho, esa falta de licencia municipal es la idea a la que se agarran los habitantes de la zona y que esperan que sirva para que la medida cautelar que le han concedido al centro, y que ha permitido su reapertura, sea anulada.

Cita judicial

Los vecinos también avisan que se personarán como "parte coadyuvante" en un futuro juicio, todavía sin fecha, en el que darán su apoyo al Ayuntamiento, también implicado en este asunto. De momento, fuentes internas del Consistorio informan que el asunto "está en manos de Urbanismo y de los servicios jurídicos". Por su parte, el portavoz de la vivienda tilda de "falsedad" el panorama que describen los vecinos y niega también la veracidad de unas supuestas amenazas que él habría dirigido a uno de los residentes, según cuenta el propio afectado, que se reafirma en su versión y en que estos mensajes intimidantes existen.

En cualquier caso, este cruce de testimonios que han aderezado una frenética sucesión de hechos son solo la presentación de una historia cuyo nudo tardará en resolverse. Esa es la sensación que tienen en el Ayuntamiento, institución contra el que carga el dueño del negocio y a la que acusa de "prevaricación". El gerente de la clínica sigue defendiendo la "labor terapéutica" que ofrecen desde su negocio y con la que tratan de "reinsertar a personas, dándole unos valores y unos principios para poder vivir en esta sociedad".

Estos no son los únicos argumentos con los que los responsables del negocio legitiman su actividad, ya que fuentes del centro aseguran que cuentan "con una declaración responsable" que permite que el espacio pueda estar ya en funcionamiento. En este sentido, las mismas fuentes señalan que el Ayuntamiento envió al juez "una información sesgada" sobre el expediente y el magistrado, según afirman, ha visto "indicios de legalidad", por lo que ha ordenado la retirada de los precintos.