El Ayuntamiento de Alcoy ha impuesto más de 25.000 euros en multas a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE), que es sucesora del IVVSA, por haber inatendido sus requerimientos para demoler dos naves de su propiedad en ruinas, situadas en la calle Alicante. El consistorio prepara más sanciones, que podrían alcanzar los 80.000 euros y acabarían duplicando el teórico coste de los derribos, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Natxo Gómez.
Las antiguas naves están situadas al principio de la calle Alicante, cerca de la gasolinera de Cervantes, y fueron durante décadas la sede de una emblemática industria metalúrgica: Maquinaria Ceres. Abandonadas durante muchos años, las naves se fueron deteriorando y acabaron entrando en un proceso de deterioro irreversible, mientras su propiedad acababa en manos del IVVSA, previsiblemente en el marco de los planes para la urbanización de la ladera de la Beniata, que preveía un acceso directo por la zona al Campus de la Politécnica.
En febrero de 2011, la Junta de Gobierno -todavía bajo los auspicios de Jorge Sedano- declaraba ambos edificios en situación de ruina y, como en cualquier otro caso, instaba a sus propietarios a acometer de manera urgente la reparación o el derribo. En este caso, la situación se ha ido deteriorando y, como puede apreciarse a simple vista, el estado actual es próximo a la ruina total, con gran parte de las techumbres hundidas.
«Hay una situación de ruina, pero está controlada y no hay un riesgo inmediato; en caso contrario, si los técnicos apreciaran algún problema grave, se derribarían de inmediato», subrayó Gómez.
En este contexto, el Ayuntamiento fue instando al actual EIGE a que mantuviera o derribara los edificios, lo que siguió sin efectuarse, por lo que empezaron las sanciones. «De momento, se han impuesto tres multas coercitivas que suman más de 25.000 euros», sin que haya habido respuesta alguna. «De acuerdo con la ley y como se hace con cualquier propietario, se pueden imponer hasta diez sanciones coercitivas, por lo que tendría que pagar hasta 80.000 euros », agregó.
Una vez llegado a este punto, el Ayuntamiento ejecutaría la demolición de manera subsidiaria, «por lo que el IVVSA acabaría pagando el doble, ya que los 80.000 euros son la cantidad en que valoran los técnicos el derribo», agregó.
No es el único que afecta a la calle Alicante, ya que la Junta de Gobierno ha autorizado esta semana la demolición de dos casas de esta vía urbana, concretamente los números 17 y 19, que presentaban desde hace tiempo un importante estado de degradación e incluso habían registrado algún desprendimiento.
En este caso, sin embargo, los propietarios han asumido la situación y han tramitado los permisos correspondientes para acometer el derribo de los inmuebles, que ha sido autorizado esta misma semana, por lo que todo apunta a que se ejecutará en las próximas fechas.
En cuanto a Maquinaria Ceres, si el EIGE no actúa con rapidez, el consistorio seguirá con su plan de sanciones.
