En su web Dental Line sigue presentándose como la mayor red de clínicas dentales de propiedad en el mundo pero lo cierto es que la mayor parte de los 77 centros que ha tenido por toda la geografía española han sido cerrados -como el caso de Alicante- o vendidos, con lo que numerosas personas se han quedado con los tratamientos sin hacer pero pagados a través de créditos. En el caso de Alicante la clínica cerró a finales de agosto y más de 30 personas presentaron el pasado lunes una denuncia en la Comisaría de Policía. El caso ha sido remitido al juzgado de Instrucción número 3, órgano que tenía abiertas diligencias por una denuncia similar presentada a mediados del pasado mes de septiembre.
Una de las personas que presentó la denuncia colectiva explicó ayer a este diario que acusan a la clínica de estafa e incumplimiento de contrato y aseguran que el número de afectados es mucho mayor. Por ello, anima a otros clientes para que acudan a la Policía para presentar nuevas denuncias porque en Comisaría ya disponen de un modelo. Además de ir a Comisaría, los afectados -entre los que se encuentran vecinos de Alicante y Elche- también han acudido a denunciar a la clínica al Colegio de Odontólogos de Alicante.
El perjuicio económico es elevado y asciende a varias decenas de miles de euros, ya que los créditos de los clientes no baja ninguno de 2.000 euros y hay también de 7.000 e incluso de 12.000 euros, según los datos facilitados a este diario por una de las afectadas. Esta mujer aseguró que incluso la propia directora de la clínica de Alicante también ha denunciado a los dueños porque llevaba varios meses sin cobrar y le daban cheques sin fondos.
La sede central de Dental Line está en Granada y la clínica de Alicante, en la avenida de Aguilera, cerró a finales de agosto. "Hay pacientes que se han quedado con dentaduras provisionales o implantes a medio hacer y aunque al principio desviaron a clientes a otra clínica no concluyeron los tratamientos porque el dinero se acabó", explicó la afectada.
Esta clienta aseguró igualmente que además de las deudas económicas y los tratamientos sin acabar se han producido casos en los que "han hecho auténticas carnicerías" en más de una boca.
La Unión de Consumidores de Alicante no ha recibido aún quejas, pero en Andalucía la Junta ha abierto expediente por el cierre de las clínicas y ya tramita casi un centenar de reclamaciones y varias sanciones por valor de 55.000 euros. Este diario intentó ayer sin éxito contactar con los responsables de la empresa en Granada.
