Un nuevo informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF) al que ha tenido acceso este periódico detalla nuevas pruebas de la supuesta red de financiación ilegal que nutría las arcas del PP de la Comunidad. La Policía acusa a altos cargos del partido, cita concretamente a Ricardo Costa y David Serra, en su momento número dos y tres de los populares en la Comunidad, de manejar grandes cantidades de dinero negro -más de 400.000 euros en sólo siete meses- y de conseguir más de 440.000 euros de financiación de empresas, entre las que figura Enrique Ortiz como principal aportador, para poder rebajar la deuda que el PP tenía contraída con Orange Market, la mercantil que organizaba sus campañas electorales y los actos de la formación bajo la supervisión de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado de la trama Gürtel en Valencia.

El documento, de 104 páginas y fechado el pasado 20 de julio aunque remitido ayer por la Unidad de Delitos Fiscales al juez Pedreira como instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, supone otra vuelta de tuerca más para los populares valencianos y detalla los movimientos del PP desde febrebro de 2008 hasta los primeros meses de 2009 para poder saldar, en su totalidad o en parte, la enorme deuda que arrastraba con Orange Market, la filial de la red Gürtel en Valencia, y que a finales de 2008 se acercó al millón de euros. La empresa de El Bigotes era la principal proveedora del PP. Orange Market tenía, al cierre del ejercicio de 2008, graves problemas de liquidez debido, señala el informe, a la "elevada deuda" que tanto la organización autonómica del PP como el grupo popular en las Cortes Valencianas, del que Ricardo Costa era portavoz y Serra secretario general, mantenían con la empresa que dirigía el mencionado Álvaro Pérez.

De las conversaciones grabadas y que figuran en el informe -en las que los dirigentes del PP utilizaban la misma jerga que los dirigentes de la red- se desprende que los representantes de la red Gürtel en Valencia apremiaron a Costa -el único defenestrado por este asunto en el PP de la Comunidad- y a Serra para que les pudieran entregar dinero que paliara los problemas de liquidez de Orange Market. Había, tal y como detalla este nuevo informe policial sobre la financiación del PP de la Comunidad, un "modus operandi" con tres vías de pago: facturas reales emitidas por la empresa de El Bigotes y que el Partido Popular abonaba; entregas realizadas por los populares con "fondos ajenos al sistema económico" -dinero negro- que engrosaban la "caja B" de Orange Market; y, finalmente, los responsables del PP realizaban gestiones para que empresarios -entre ellos Enrique Ortiz-, cuyas sociedades cuentan con adjudicaciones públicas en vigor, financiaran los actos del partido a través de entregas de fondos a El Bigotes que se "enmascaraban mediante "facturas ficticias" emitidas por Orange Market a las citadas empresas, ligadas al sector de la construcción, en base a un supuesto pacto de prestación de servicios.

Así, en apenas siete meses -entre febrero y septiembre de 2008-, el PP entregó a Orange Market más de 405.000 euros de dinero negro -unos 66 millones de las antiguas pesetas- que la filial de la red Gürtel en Valencia contabilizó en su "caja B" y que dedicó no sólo a reducir deuda del PP sino también al "pago de gastos de carácter particular, nóminas, regalos, compra de vehículos". Pero con ese dinero no era suficiente para saldar las obligaciones con El Bigotes. Así que Ricardo Costa y David Serra, al frente del aparato del PP, recurrieron a tres empresas, todas ellas contratistas de la Generalitat y de otras instituciones bajo gobierno popular, para que entregaran a Orange Market diversas cantidades que en realidad servían para pagar actos que el partido de Francisco Camps adeudaba a la red Gürtel. A todo se le daba barniz de legalidad con facturas ficticias.

De esa manera, Sedesa, el grupo de empresas vinculado a familiares del conseller Juan Cotino, abonó a Orange Market entre julio y diciembre de 2008 facturas por valor de 150.800 euros; Lubasa, en el verano de ese mismo año, entregó fondos a la empresa de El Bigotes por valor de 58.000 euros; y, finalmente, Enrique Ortiz -imputado ya por varios delitos en la operación Brugal- fue, en ese periodo de tiempo, el principal "colaborador" del Partido Popular. En apenas tres meses, desde diciembre de 2008 a febrero de 2009, desembolsó nada menos que 232.232 euros para cubrir facturas que el PP tenía pendientes con Orange Market.

El informe de la Policía deja claro no sólo que esta actividad está al margen de la ley de financiación de partidos sino, sobre todo, que los empresarios recibían una contraprestación por esa colaboración con el PP. Todos, como denunciaron los socialistas, han logrado a lo largo de los últimos años cuantiosas adjudicaciones desde la Generalitat. "No existe una explicación lógica -concluye el informe policial- del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción que resultan adjudicatarias de numerosos contratos públicos en dicha comunidad efectúen el pago de distintas facturas a la mercantil Orange Market SL (....) salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo entre dichas empresas y la formación política expuesta (PP)", recoge.